Se suspendió el inicio del juicio Cambiaso-Pereyra Rossi: Suman dos nuevos imputados


El juicio por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi –ocurrido en los meses finales de la última dictadura cívico militar–, que estaba previsto que comience este lunes, suspendió su inicio porque el Tribunal Federal decidió incorporar dos imputados más al proceso. Aún no definieron una nueva fecha.

Según informaron desde el equipo investigaciones de la agrupación HIJOS Rosario “la postergación del juicio se debe a que los jueces Tribunal Oral en Lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario (TOF2) resolvieron la incorporación de dos nuevos imputados al proceso”.

De acuerdo a la explicación de HIJOS, “a principios de este mes el TOF2 decidió incorporar al debate oral las imputaciones contra Jorge Rodolfo Rodríguez y Carlos Alberto Lucena”, los cuales están acusados de integrar el grupo de fuerzas conjuntas que en mayo de 1983 secuestró en Rosario a los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyos cuerpos “aparecieron” luego en cercanías a la localidad de Lima (provincia de Buenos Aires), con claros signos de tortura.

“Por las incorporaciones de estos imputados, ahora se deben agregar una serie de pasos judiciales que necesariamente generarán una demora al inicio del proceso como había sido planeado originalmente, que no tiene porqué ser muy prolongada”, indicó la organización a través de un comunicado.

En el marco del juicio por el secuestro, torturas y asesinato de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, perpetrado en mayo de 1983, estarán en el banquillo de los acusados, además de los dos represores que se sumaron en la última resolución del TOF2 ( Rodríguez y Lucena), el ex dictador Reynaldo Bignone; el ex comisario Luis Patti; el suboficial de la policía bonaerense, Juan Amadeo Spataro; y los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri, Luis Muñoz, Juan Andrés Cabrera, Ariel Zenón Porra, Walter Pagano, Carlos Sfulcini y Antonio López.

“Seguiremos exigiendo que también sea llevado a juicio Víctor Chuly Rodríguez, a quien el juez de instrucción Carlos Villafuerte Ruzo, le sigue otorgando impunidad para seguir insultando la memoria del general San Martín con su farsa del Cruce de los Ándes”, remarcaron desde la organización. 

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“Chuly Rodríguez debería estar preso esperando el juicio”


“Mientras la Cámara Federal ordenó que Víctor Chuly Rodríguez sea procesado y detenido, Villafuerte Ruzo no sólo desobedece a sus superiores manteniendo en libertad al represor, sino que lo autoriza una vez más para que haga la farsa del Cruce de los Andes”, se quejaron desde HIJOS Rosario, agrupación que representa legalmente a la familia de Osvaldo Cambiaso, una de las víctimas por las que Rodríguez está acusado de secuestro, torturas y homicidio.

Este martes, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, firmó –como sucedió el año pasado– una autorización para que el teniente coronel retirado Víctor Chuly Rodríguez realice el Cruce de los Andes, un emprendimiento que el ex militar lleva adelante hace tiempo, en el que encabeza a un grupo de turistas que replican el viaje a lomo de mula que realizó el general José de San Martín. El permiso ante el magistrado solicitado por Rodríguez, se debe a que el ex jefe del Batallón 121 de Inteligencia durante la dictadura está acusado en la investigación del secuestro y homicidio de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido el 14 de mayo de 1983.

De acuerdo al comunicado difundido por la organización de derechos humanos, por esos asesinatos, los últimos cometido en el marco del terrorismo de Estado, desde el 23 de febrero de este año comenzará un juicio oral y público contra nueve integrantes del Batallón 121 procesados por el secuestro y homicidio de los militantes del peronismo revolucionario en ese momento enrolados en la agrupación justicialista Intransigencia y Movilización. “Pero quien por aquellos años era el jefe del destacamento militar que dirigió el operativo, Víctor Rodríguez, no estará en el banquillo de los acusados gracias una «falta de mérito» dictada por Villafuerte Ruzo”, indicó el texto de la agrupación. La medida judicial, según denunciaron desde HIJOS, “fue revisada en dos oportunidades por la Cámara Federal de Rosario, que ordenó el procesamiento y detención de Rodríguez, pese a lo cual el juez mantiene su postura”.

Para la agrupación HIJOS “no hay ninguna razón judicial para entender la conducta del magistrado nicoleño”. “Sólo una amistad profunda o una comunión de intereses inconfesables entre el juez y el represor, pueden explicar que toda su patota esté lista para ser juzgada el próximo 23 de febrero y Rodríguez, el jefe del Batallón 121 de ese entonces, no esté sentado en el banquillo de los acusados”, apuntaron.

“Es una vergüenza para la justicia y una afrenta para la historia argentina, que en vez de estar juzgando a este represor que integró la más sangrienta dictadura, responsable además de la puesta de rodillas de nuestro país ante las potencias internacionales y de la instauración de un modelo económico colonial que destruyó nuestra industria, tengamos en cambio que asistir a esta parodia de Cruce de los Andes que realiza cada año Rodríguez, que desvirtúa la epopeya latinoamericana del general San Martín”, señaló por último el comunicado de HIJOS.

Datos del juicio próximo

El próximo 23 de febrero, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario comenzará el juicio por el secuestro, torturas y asesinato de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, perpetrado en mayo de 1983.

Estarán en el banquillo de los acusados el ex dictador Reynaldo Bignone; el ex comisario Luis Patti; el suboficial de la policía bonaerense, Juan Amadeo Spataro; y los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri, Luis Muñoz, Juan Andrés Cabrera, Ariel Zenón Porra, Walter Pagano, Carlos Sfulcini y Antonio López.

El 14 de mayo de 1983, cuando la dictadura se retiraba, un grupo de tareas del Batallón 121 del Ejército secuestró a Cambiaso y Pereyra Rossi en el bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos, a la vista de todo el mundo. Dos días después, los cuerpos de ambos aparecieron en la localidad bonaerense de Lima, con claros signos de tortura, pero un comunicado oficial aseguraba que todo había sido consecuencia de un “enfrentamiento”.

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El Mencho vuelve a casa

Eduardo Mencho Germano.
Eduardo Mencho Germano.
 Los restos de Eduardo Raúl “El Mencho” Germano, desaparecido el 17 de diciembre de 1976 e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en julio de este año, serán restituidos a su familia este miércoles.
Familiares y organismos de derechos humanos realizarán actos y homenajes en Rosario y en Paraná. En Rosario, el próximo miércoles a las 19.30, se realizará el acto de restitución de los restos de Germano en el Patio Cívico, a escasos metros del ex Servicio de Informaciones de la Policía, donde funcionó un centro clandestino de detención tortura y exterminio en el que Germano y miles de personas más estuvieron secuestrados.
La actividad es impulsada por la familia Germano, Madres de Plaza 25 de Mayo, HIJOS Rosario, Abuelas filial Rosario, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, APDH, CTA de los trabajadores, Colectivo de ex presos políticos y sobrevivientes, Amsafé provincial, La Masotta, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y el Museo de la Memoria.
El viernes 19 a las 19.30, en la Plaza Alvear de Paraná, la familia convoca a un “acto de bienvenida y recibimiento a su ciudad”, para luego realizar un homenaje a Eduardo.
El sábado 20, por la mañana, se trasladarán los restos de Germano al Cementerio Parque de la Paz (San Benito) de la capital entrerriana.
Las actividades en Paraná son impulsadas por la familia Germano y la Multisectorial por los Derechos Humanos, integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos, Afader, HIJOS Regional Paraná, Agmer Paraná, ATE, Movimiento 20 de Diciembre, Nueva Corriente, Ajer, Apyme, Agmer Entre Ríos, Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná y La Solapa.
A través de un comunicado de prensa, la familia Germano planteó que la invitación a los actos de restitución de Eduardo “es extensiva a todos los que se sientan parte de este triunfo colectivo que también representa la esperanza de nuevas identificaciones y alcanzar el objetivo de justicia para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar”.
En julio de este año, la familia de Eduardo Germano informó que el Eaaf había identificado sus restos en el cementerio La Piedad. Germano era un joven de 18 años nacido en la provincia de Entre Ríos que fue desaparecido el 17 de diciembre de 1976 en Rosario, donde se había trasladado clandestinamente luego de haber sido detenido y liberado en su provincia.
Los restos de Germano fueron sepultados como NN en una tumba del cementerio rosarino La Piedad, donde el Eaaf realiza –desde 2011– excavaciones en 123 sepulcros con el fin de identificar a desaparecidos de la última dictadura.
“Después de 38 años de lucha por la verdad, ésta se hace presente de forma incontestable”, señalaron a través de un comunicado Gustavo y Diego Germano, hermanos de Eduardo.
La voluntad de la familia Germano es que los restos de Eduardo descansen junto a los de su padre Felipe, fallecido en 2002; de su madre Carmen, quien murió en 2012; y el tercer hermano Guillermo, fallecido en 2009.
Germano nació el 20 de febrero de 1958 en Villaguay, Entre Ríos, y a los 16 años fue elegido presidente del Centro de Estudiantes del Colegio La Salle de Paraná, donde comenzó a militar en Montoneros.
“En julio de 1976 fue detenido-desaparecido durante nueve días en el centro clandestino de detención del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército en la ciudad de Paraná. Una vez en libertad se traslada a la ciudad de Rosario, donde vive clandestinamente”, recordaron sus hermanos en un comunicado difundido el día en que se conoció su identificación.
Cuando tenía 18 años fue detenido en Rosario, el 17 de diciembre de 1976, “un día antes de un encuentro previsto con nuestros padres”.
Los familiares pudieron determinar que estuvo en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía local, donde sufrió torturas.
Según indicaron, “Eduardo fue asesinado junto con María Cristina Cayetana Pagnanelli. Sus cuerpos fueron volados con explosivos junto a la estación transformadora de energía en el barrio de Fisherton”.
Finalmente, creen que los restos fueron enterrados en febrero de 1977 en una tumba NN del cementerio La Piedad de Rosario.

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El espacio Juicio y Castigo Rosario convoca a la sentencia del Triple crimen de Villa Moreno

"Los juzga un tribunal los condenamos todos"

La sentencia se leerá este jueves a las 12.30. Foto: Franco Trovato

El espacio juicio y castigo Rosario convocó a apoyar en los tribunales provinciales a los familiares y compañeros de militancia de los jóvenes asesinados en el Triple crimen de Villa Moreno. “Ante la lectura de la sentencia de este jueves en el juicio por la masacre del 1 de enero de 2012, exigimos a la Justicia una condena ejemplar”, reclamaron.

“Porque es fundamental para enfrentar la violencia narcopolicial que se disputa nuestros barrios, porque no pueden ser los militantes sociales los que paguen con su vida las ausencias del Estado, porque la Justicia es una construcción social y el pueblo de Rosario ya se ha expresado en la calle, exigimos una condena ejemplar contra los acusados del Triple crimen de Villa Moreno”, señalaron los organismos de derechos humanos en un comunicado difundido este miércoles bajo el título: “Los juzga un tribunal, los condenamos todos”. La sentencia se leerá este jueves a las 12.30.

"En la movilización y el empuje realizado por quienes militaron todas estas semanas alrededor del juicio por el Triple crimen, vemos cómo la experiencia de construcción social de la justicia, desarrollada por las organizaciones de derechos humanos desdes hace más de treinta años ha sido incorporada por nuestro pueblo y sus organizaciones", planteo el texto de Juicio y Castigo.

El espacio Juicio y Castigo, que fue formado en 2009 para acompañar e impulsar las instancias orales y públicas de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, nuclea a sobrevivientes de la dictadura, testigos y querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos como Madres de la plaza 25 de Mayo, Familiares de desaparecidos, la Asamblea por los Derechos Humanos e HIJOS Rosario, entre otras.

Ante el inminente fallo en el juicio por el Triple crimen de Villa Moreno, en el que tres militantes del Movimiento 26 de junio y el Frente Popular Darío Santillán fueron asesinados por una banda sindicada como narco y con fuertes vínculos policiales, las organizaciones de derechos humanos llamaron a “hacerse presente en los tribunales provinciales para enfrentar colectivamente a la impunidad y hacer escuchar la voz de quienes con su militancia cotidiana combaten la iniquidad en nuestras barriadas populares”.

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TRIPLE CRIMEN DE VILLA MORENO. LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS.

Marcha este miércoles a las 17: "A Franco lo mató la policía"

Foto: Manuel Costa/Redacción Rosario

Familiares de Franco Casco, organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharán este miércoles desde los tribunales hasta la sede local del gobierno de Santa Fe, para exigir justicia por la muerte del joven que estuvo detenido en la comisaría 7a y apareció sin vida en el río Paraná. Este lunes practicaron una nueva pericia.

“A Franco lo mató la Policía”, es la consigna elegida por un amplio colectivo de organizaciones que convocan a la movilización de este miércoles a las 17, que partirá desde los tribunales provinciales (Balcarce y Montevideo) hasta la sede rosarina del gobierno provincial, frente a la plaza San Martín (Santa Fe y Moreno).

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¿Donde está Franco?

Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, y políticas convocan este Jueves 30 de Octubre a las 18 a la movilización que partirá desde San Nicolás y Salta (cruce Alberdi) hasta la Comisaría Séptima, para exigir la aparición con vida del joven Franco Casco desaparecido el 6 de Octubre luego de estar detenido en dicha seccional. Han transcurrido 23 días y no hay respuestas sobre el paradero de Franco.

COMISIÓN POR LA APARICIÓN CON VIDA DE FRANCO CASCO

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Juicio por un atentado en 2003: HIJOS convoca a acompañar a Toniolli

Ante el inicio del juicio por el atentado contra Eduardo Toniolli perpetrado en 2003, la agrupación HIJOS convocó este jueves a los tribunales federales para “exigir que no haya impunidad para quienes quisieron frenar el actual proceso de condenas a los genocidas de la dictadura”.
El jueves 30 a las 9, está fijada la audiencia del juicio oral y público por el atentado sufrido por el actual diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, ocurrido el 6 de noviembre del año 2003 en un comercio de su propiedad.
“Por esos días, en los que se asistía al reinicio de los proceso legales contra los represores de la dictadura, Toniolli –querellante en la causa Quinta de Funes– era uno de los principales referentes de nuestra agrupación”, recordaron desde HIJOS a través de un comunicado de prensa. “Hoy, ante el comienzo de este juicio, no podemos menos que estar acompañando a nuestro compañero”, agregó el texto.
Durante la madrugada de aquel día –en el marco de una seguidilla de amenazas y atentados sufridos por abogados, testigos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado– el local comercial de Toniolli fue atacado con una granada de fabricación militar, cuya fecha de confección databa del año 1976.
“La vidriera de ese negocio, llamado El Eternauta, ya había sido atacada con una placa de mármol en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, que había sido robada del Bosque de la Memoria”, agregó el texto difundido por la agrupación.
En el marco de una causa judicial radicada ante el juez de instrucción Osvaldo Barbero en diciembre de 2003, fue detenido el sargento del Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, Fernando Carbajal. El expediente fue posteriormente remitido a la Justicia Federal, que será la encargada este jueves de juzgar la conducta de Carbajal.
Para HIJOS, "aquel atentado no logró el objetivo de impedir que comiencen los juicios a los genocidas, ni infundir miedo en los querellantes y testigos, que cuando llegó el momento declararon con la misma valentía que lo venían haciendo desde hace años".
"Que este hecho no quede impune, debe funcionar como ejemplo para las nuevas generaciones de soldados, que deben comprender que con los genocidas, torturadores, ladrones de bebés, desaparecedores y entregadores de la nación a las grandes potencias, no está la patria", señaló el comunicado de HIJOS.
Por la causa de la Quinta de Funes ya se realizaron dos juicios orales y públicos, uno en 2009 (Guerrieri I) y otro en 2013 (Guerrieri II), con duras condenas para los represores.
Quedan pendientes aún otros juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención y otros que funcionaron bajo la órbita del Batallón 121 del Ejército, en los que Toniolli también es querellante -junto a otros- y está representado por los abogados de HIJOS.

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JUICIO POR UN ATENTADO CONTRA EDUARDO TONIOLLI EN 2003

Fachada del local que tenía Toniolli. Foto de archivo: Rosario12.
Fachada del local que tenía Toniolli. Foto de archivo: Rosario12.
Este jueves comenzará en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940) el juicio oral y público por el atentado sufrido por el diputado provincial Eduardo Toniolli el 6 de noviembre del año 2003, en un comercio de su propiedad.
Durante la madrugada de aquel día –en el marco de una seguidilla de amenazas y atentados sufridos por abogados, testigos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado– el local comercial del por entonces referente de H.I.J.O.S. fue atacado con una granada de fabricación militar, cuya fecha de confección databa del año 1976.
Algunas semanas antes, la vidriera del mismo comercio había sido destrozada usando para ello una placa de mármol en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, sustraída del “Bosque de la Memoria”.
A poco de avanzar la investigación judicial en torno a estos hechos, el juez de instrucción Osvaldo Barbero ordenó, en diciembre de 2003, la detención de Fernando Carbajal, sargento del Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, luego de que un testigo identificara, a través de la patente, que su motocicleta había sido utilizada para facilitar la huida de quienes habían arrojado la granada.
La medida se concretó en el Batallón de Comunicaciones 121, que fue allanado por las Tropas de Operaciones Especiales, al igual que el edificio del Comando del Segundo Cuerpo, por entonces ubicado en Sarmiento al 1300.
Luego de ello, por tratarse de un atentado con connotaciones políticas, la causa fue remitida a la Justicia Federal. En julio del año 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 2 rechazó la pretensión de los abogados de Carbajal de que su defendido pudiera acceder a una probation, siguiendo adelante con la elevación a juicio de la causa, evento que se concretará este jueves 30.
La serie de intimidaciones contra Toniolli, quien es uno de los querellantes de la causa Guerrieri –en la que se investiga buena parte del accionar de los ex miembros del Batallón 121 durante la última dictadura cívico militar–, se produjo en el contexto de reapertura de los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, en los albores de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.
La audiencia de inicio del juicio oral en el que se investigarán las amenazas y atentados a Toniolli tendrá lugar este jueves a las 9.
Fuente: redaccionrosario.com

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Nueve condenas en el juicio a represores de la dictadura de la causa Feced II

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Ocho represores juzgados por su actuación en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de Policía de Rosario, quedaron detenidos y fueron trasladados a distintas cárceles nacionales, luego de escuchar la sentencia dictada el mediodía del viernes último por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, en el marco de la causa conocida como Feced II. Zafaron de esa “humillación” el Ciego José Rubén Lofiego, que siguió la lectura del veredicto por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz –donde cumple una pena de prisión perpetua– y Pedro “Trava” Travagliante, que fue absuelto.  

Luego de un largo debate judicial iniciado en febrero de este año, por el que pasaron más de cien testigos y sobrevivientes del SI, los magistrados Noemí Berros, Roberto López Arango e Ivón Bella condenaron por homicidio a “Caramelo” Carlos Ulpiano Altamirano con la pena de prisión perpetua, e impusieron –por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados– 22 años de cárcel para Lucio César “Ronco” Nast,  Ernesto “Picha” Dugour, Ernesto “Managua” Vallejos y Julio “Darío” Fermoselle; 20 años para Telmo Alcides “Romel” Ibarra; 18 para el “Vasco” Ovidio Olazagoitía y 12 años para Lofiego, quien ya había sido juzgado en un proceso anterior. Además, los jueces absolvieron a Travagliante.

Tras afirmar que los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron “fueron cometidos en el marco del segundo genocidio perpetrado en nuestro país”, los magistrados ordenaron a la Gendarmería presente en la sala de audiencias la “inmediata detención” y traslado a penales federales de los condenados.

En el juicio oral por la segunda parte de la causa “Feced” se ventilaron los casos de 43 víctimas, que en su mayoría pasaron por el centro clandestino de detenciones que funcionó en los primeros años de la dictadura en la Jefatura de Policía, entonces ubicada en Dorrego y San Lorenzo.

Entre los hechos investigados a lo largo del proceso que concluyó este viernes estuvieron incluidos los homicidios de los ciudadanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung, asesinados en el marco de una operación montada por la patota del SI para tapar otro crimen ocurrido en ese CCD: el del estudiante Conrado Galdame. Por esas muertes, únicamente, fue juzgado y condenado Altamirano.

Fuera del tribunal, una multitud de ex presos políticos, organizaciones de derechos, sociales y políticas, que siguieron por altoparlante la lectura de veredicto, festejaron las penas más altas y abuchearon las más bajas y la absolución.

Al salir de la audiencia, sobrevivientes del SI, abogados querellantes y organismos se abrazaron y festejaron “el hecho de haber conseguido la sexta sentencia contra represores de la dictadura en la ciudad”.

La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Jesica Pellegrini, aseguró que “a pesar de la absolución, que ya veremos cuáles son los fundamentos, creemos que las condenas son ejemplares ya que en su mayoría se acercan a los 25 años que habíamos pedimos en todas las acusaciones”.

“Los jueces han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo ocurrido en 1976 sino también se resignifica el primer genocidio a los pueblos originarios”, enfatizó la abogada.

Y se manifestó feliz “de esa traducción jurídica de hechos históricos nefastos de nuestro país”.

Por su parte, la sobreviviente y querellante en la causa, Marta Bertolino, calificó la sentencia como “excelente” y comentó que dentro del tribunal “se vivió con mucha emoción, sobre todo al conocer la prisión perpetua de uno de los acusados que fue en aquella época muy lesivo con muchos compañeros”.

“También –continuó- al escuchar los fundamentos de la prisión preventiva, cuando la jueza dice que si los criterios que mencionó son válidos para delitos comunes, con mucha más razón lo son en este caso donde se trata de crímenes de lesa humanidad”.

La abogada de Hijos, Nadia Schujman, dijo que “las sentencias de esta megacausa fijan estándares muy importantes y da por tierra con la idea de que estos procesos se van a terminar”. Y agregó: “Todo lo contrario, aún nos queda mucho por hacer como se viene haciendo colectivamente desde hace treinta años”.

Asimismo, subrayó que “la absolución de Travagliante es parte de las reglas de esta pelea que elegimos dar con HIJOS desde la calle y en tribunales para lograr justicia, y no empaña en nada la felicidad y el orgullo por las otras nueve condenas”.

El copresidente de la APDH nacional, Ernesto Moreau, consideró por su parte que “el tribunal interpretó bien la realidad: primero bajó a términos legales a esta patota de policías al considerarla una asociación ilícita y, por otra parte, también los jueces revocaron los pedidos de excarcelaciones tomando en cuenta que existen una gran cantidad de genocidas prófugos”.

Desde la radio abierta montada en las puertas del tribunal, el militante de Hijos Juane Basso dijo: “Celebramos porque tuvimos una nueva sentencia, porque de diez imputados, nueve han sido condenados, en lo que se constituye en un nuevo hecho histórico para la ciudad, nada menos que la sexta condena a represores de la dictadura en Rosario”.

En la jornada frente al tribunal, que comenzó desde temprano a la mañana, hubo espacio además para homenajear a la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini y nombrar “a todos aquellos que hicieron posible con su lucha este momento histórico de juzgamiento a los genocidas”.

La colectividad peruana en Rosario celebró el falló
El integrante de la Asociación de Estudiantes Residentes Peruanos en Rosario, Guillermo Chapa Bayona, consideró este viernes como “un acto importantísimo y trascendental” las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en el juicio por delitos de lesa humanidad de la causa Feced II, en la que se juzgaron los casos de dos hermanos peruanos asesinados por la dictadura.

El dirigente peruano se refirió específicamente a la causa Galdame que se ventiló en el juicio. De acuerdo a la investigación judicial, tras el crimen de Galdame, la patota que operaba en el SI fue el 16 de diciembre de 1978 al departamento de Conrado y asesinó a los hermanos peruanos Céspedes Chiang, con la intención de fraguar un enfrentamiento y legalizar el crimen del estudiante.

Tras la sentencia de este mediodía, Chapa Bayona consideró que “esto viene aparejado a lo que fue llamado el Plan Cóndor y Argentina ha hecho lo que muchos otros países de Latinoamérica no lograron”.

Además, recordó que su institución "participó acercando documentación a la causa por el asesinato de nuestros compatriotas, los hermanos Céspedes Chung".

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Señalización del Batallón 121: “Es un elemento para la construcción de la memoria”

Mural
Mural pintado por HIJOS sobre el ingreso al Pabellón B del 121.

A través de una carta a los vecinos, la agrupación HIJOS Rosario invitó a participar del señalamiento del Batallón 121, donde funcionó un centro clandestino de detención (CCD) durante la dictadura. “Es una herramienta fundamental para la lucha contra el olvido y la impunidad", plantearon desde la organización.

“Hicimos acciones en la calle, pintamos un mural frente al Batallón 121 y reclamamos que el Concejo Municipal preserve el pabellón B donde funcionó un centro clandestino de detención; y ahora, tal cual lo solicitamos, será el propio Estado, desde sus niveles, nacional, provincial y municipal, quien señalizará el lugar”, indicaron desde HIJOS en un comunicado de prensa.

Este miércoles a las 17, en el marco de la Red de Sitios de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de la Provincia de Santa Fe, junto a la Secretaría de DDHH de la Nación y el Museo de la Memoria de Rosario realizarán una señalización formal del lugar, para identificar su rol durante los años del terrorismo de Estado.

En ese marco, HIJOS informó que este lunes repartió una carta entre los vecinos de los alrededores de Lamadrid y Leiva, donde se realizará el acto de señalización del lugar. “Queremos contarles que el miércoles 3 de septiembre, a las 17 horas se realizará una señalización oficial del lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura, sobre calle Lamadrid a la altura de Leiva”, explicó la agrupación de lucha por los derechos humanos.

En la nota repartida a los vecinos, la agrupación refiere que la señalización se realizará “frente al pabellón al que fueron llevados durante la última dictadura ex presos políticos de nuestra ciudad, cuyos testimonios se encuentran acreditados en numerosos expedientes judiciales”.

“Diferentes sobrevivientes declararon haber sido trasladados de otros Centro Clandestino de Detención (CCD) hacia el Batallón 121 de Ejército, donde permanecieron detenidos incluso con sus hijos”, agregaron.

En su texto, la organización planteó que “ese sitio constituye parte del patrimonio histórico de los rosarinos; es un testimonio vivo de la existencia del plan genocida instaurado a partir del 24 de marzo de 1976 en nuestro país, y por lo tanto un elemento para la construcción de la memoria colectiva y la reflexión social a cerca de lo que significó el terrorismo de Estado”.

Además señaló que el lugar “es una herramienta fundamental para la lucha contra el olvido y la impunidad; y es una prueba concreta para los juicios en curso en los tribunales federales de la ciudad”.

La agrupación recordó en su nota que “la memoria vinculada a la represión de ese Batallón 121, no sólo se registra en el período del terrorismo de Estado 76-83” sino que “ha cumplido un rol represivo durante las diferentes dictaduras vividas en nuestro país, y entendemos que esas historias y esas memorias de resistencia también deben ser parte de la historia a recuperar”.

A fines de 2012, en el marco del debate en el Concejo Municipal por los proyectos de la Provincia para todo el predio del Batallón 121, la agrupación HIJOS junto a los sobrevivientes del lugar y otras organizaciones de derechos humanos habían reclamado la preservación del pabellón “B”, donde había funcionado el centro clandestino de detención durante la dictadura. El reclamo fue finalmente incorporado en la ordenanza a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo.

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Piden que se investigue la desaparición de Eduardo Garat




Esposa e hijos del abogado y militante desaparecido durante la dictadura, Eduardo Garat, se presentarán este jueves en los Tribunales Federales de Rosario para reclamar que el caso se investigue en el marco de la causa Guerrieri.

“Venimos a solicitar ser tenidos como parte querellante en estos autos y en contra de las personas que resulten responsables en calidad de autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los hechos de los cuales resultara víctima Eduardo Héctor Garat”, señala el escrito que este jueves a las 10.30 ingresará en la Justicia Federal.La denuncia lleva las firmas de la esposa de Eduardo, Elsa Martín, de sus hijos Florencia, Santiago y Julieta Garat, y de la abogada de la agrupación HIJOS Rosario Nadia Schujman, quien patrocinará legalmente a la familia.

Abogado, escribano, docente universitario y defensor de presos políticos, Garat participó en la comisión investigadora de la desaparición de Angel Brandazza, tuvo una intensa militancia en la JP y en la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978, en la esquina de Santa Fe y España.

Aquella madrugada Eduardo había bajado del departamento donde vivía Adriana Altieri junto a Graciela Brebbia, para tomar un taxi en la intersección de las calles Santa Fe y España, ya que acompañarían a Altieri a Buenos Aires y ésta luego viajaría a Europa.

Según pudo reconstruir la familia, Graciela escuchó una frenada desde la otra esquina de calle San Lorenzo, ruido de puertas de autos y ya no vio más a Eduardo. Desde la misma estación de trenes Graciela llamó a Carlos Garat (hermano de Eduardo) para avisarle de su desaparición.

“A través de lo que hemos podido reconstruir en estos años, y la prueba colectada en esta causa, hoy sabemos que Eduardo fue secuestrado por un grupo de tareas del batallón 121 y conducido a un centro clandestino de detención (CCD) en las afueras de Rosario, en el que se escuchaba ruido de aviones y el cual era manejado por militares. En dicho CCD compartió cautiverio con Santiago Mac Guire y Roberto Pistachia”, consigna el escrito judicial.

Según el texto que se presentará a la justicia, Garat “fue salvajemente torturado, hasta fallecer en una de esas interminables sesiones, esto fue corroborado tanto por Mac Guire como por Pistachia”.

“También sabemos que mientras estuvo secuestrado, prácticamente no fue alimentado, que no eran llevados al baño y por tanto sus necesidades fisiológicas debían evacuarlas donde estaban, y por tanto la higiene en dicho lugar no existía”, añade el texto.

“Pese al sin fin de gestiones que realizaron Elsa Martin y Haydée Cabanillas (madre de Eduardo), como habeas corpus, presentaciones, entrevistas con personal militar, eclesiástico y político, nunca se logró conocer su paradero. Al día de hoy Eduardo se encuentra desaparecido, no pudiendo hasta la fecha conocer cuál fue su destino final, es por ello y para que se haga justicia, que promovemos la presente querella”, solicita el escrito.

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz