H.I.J.O.S CAPITAL INVITA: “Ponete la camiseta por el juicio y castigo”
0 Comments Published by H.I.J.O.S. Rosario on 21.11.09 at 12:52 PM.
Desde H.I.J.O.S. queremos invitarlos a ponerse con nosotros la camiseta por el Juicio y Castigo a los genocidas.
El martes 24 de noviembre lanzaremos la campaña “PONETE LA CAMISETA POR EL JUICIO Y CASTIGO”, porque ese día comenzará uno de los Juicios más importantes que tendremos, en el que se juzgará a 15 represores de los ex Centros Clandestinos de Detención, y Tortura "El Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo" (ABO) por la desaparición de 182 compañeros.
Los jueces que integran el Tribunal Oral y Federal Nº 2, Ana María D´Alessio, María Laura Garrigos de Rebori y Jorge Alberto Tassara, juzgarán a los genocidas Raúl Guglielminetti, Samuel Miara, Oscar Augusto Rolón, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei, Julio Simón -“El Turco Julián”-, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena y Enrique José Del Pino. Todos ellos fueron parte del aparato represivo que ademas también sostuvo el plan sistemático de exterminio, robo de niños y bienes.
Pero estos no son todos los represores que participaron en esos centros clandestinos y tampoco se los juzga por todas sus víctimas. Por eso seguimos luchando para ver a todos los genocidas y sus cómplices en el banquillo, porque queremos Justicia por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Una vez más, exigimos que rompan los pactos de silencio y nos digan el destino final de nuestros padres y sus compañeros y que nos den la información para encontrar a los 400 jóvenes apropiados, nuestros hermanos. En esos tres Centros estuvieron detenidas-desaparecidas alrededor de 15 compañeras embarazadas. De todos los hijos nacidos en cautiverio, hoy jóvenes, sólo cinco recuperaron su identidad.
La sociedad los condenó hace mucho y ahora les llega el turno de rendir cuentas ante la Justicia. Por eso, los H.I.J.O.S. decimos que a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos. Porque no hay impunidad que pueda contra la condena social. Porque estos Juicios son parte de la historia, aunque a muchos les disguste y sigan actuando como hace 30 años, desapareciendo a Jorge Julio López.
Por todo esto, este martes lanzamos la campaña "Ponete la Camiseta por el Juicio y Castigo" a la que ya confirmaron participación actores, músicos, personalidades, y dirigentes sociales y políticos.
Los esperamos el 24 de noviembre a las 12:00 horas en los Tribunales de Comodoro Py 2002, Retiro. Para presenciar la audiencia deben acreditarse a las 13:00 hs., presentado DNI.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS, YA.
"Ponete la camiseta": http://www.youtube.com/watch?v=vuzKCl93EDY
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional
hijos@hijos-capital.org.ar – www.hijos-capital.org.ar
Prensa: 15-3571-0767 Lee el Articulo Completo
Ayer se cumplieron 38 meses de la desaparición del albañil Jorge Julio López, testigo y querellante en la causa en la que fue condenado por genocida Miguel Etchecolatz. Durante las marchas y actos realizados en La Plata, la ex detenida de la dictadura y querellante Nilda Eloy dijo que “no es que no haya pistas”, sino que “todas apuntan a la Policía Bonaerense” y aseguró que la causa que investiga el destino de su compañero de cautiverio “se frenó cuando se siguieron las líneas investigativas que conducían” a esa fuerza policial, de la cual Etchecolatz fue jefe de Investigaciones durante la dictadura. Eloy señaló que “la desaparición de Julio López constituyó un mensaje muy claro de ‘estamos y podemos’”, en referencia a los vestigios de la dictadura. Además de marchar como todos los 18, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos plantaron un árbol en la última esquina donde fue visto el testigo, en 66 y 137 del barrio de Los Hornos.
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Una herramienta para encontrar a los hijos de los desaparecidos
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El Senado convirtió en ley la despenalización de las calumnias e injurias. También proyectos promovidos por los organismos: el de obtención de ADN por medios alternativos y que el Banco de Datos Genéticos sea un ente autárquico.
A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:
- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.
- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.
- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.
La eliminación de los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.
El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura “una independencia y autonomía mayor”. Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de “contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona”.
Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica “la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos”, afirmó.
Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo “afecta el requisito de la imparcialidad”, porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende “implica otorgar un salvoconducto a los imputados”. El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. “Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución”, afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era “inmotivada para las necesidades de investigación y reparación”, sugirió errores de redacción y consideró “bochornoso” que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.
La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.
Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.
Fuente: Página 12 / Diego Martínez Lee el Articulo Completo
A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:
- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.
- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.
- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.
La eliminación de los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.
El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura “una independencia y autonomía mayor”. Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de “contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona”.
Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica “la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos”, afirmó.
Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo “afecta el requisito de la imparcialidad”, porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende “implica otorgar un salvoconducto a los imputados”. El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. “Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución”, afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era “inmotivada para las necesidades de investigación y reparación”, sugirió errores de redacción y consideró “bochornoso” que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.
La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. “Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta”, dijo, y recordó que “su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada”. “Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad”, afirmó.
Daniel Filmus recordó que “este Congreso aprobó las leyes de impunidad” y destacó “el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos”. “Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad”, dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. “Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad”, afirmó. “Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia”, cerró.
Fuente: Página 12 / Diego Martínez Lee el Articulo Completo
MADRE Y COMPAÑERA
La noche de este jueves 5 de noviembre falleció Cecilia Nazabal, luchadora incasable por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos, una referente indiscutible para los militantes de H.I.J.O.S, que encontramos en ella a una madre en todas sus dimensiones, una maestra que nos enseñó a continuar la lucha por el juicio y castigo y una compañera de militancia.
Esposa de Fernando Dusex –compañero desaparecido de la Quinta de Funes– y madre de Fer, nuestro cumpa de H.I.J.O.S., ha sido para nosotros un pilar, un sostén y una guía en todos estos años de lucha en los que aprendimos junto a ella cómo transitar este camino de construcción de la justicia.
Cecilia fue memoria viviente de los hechos cometidos por los asesinos de la dictadura en Rosario. Dedicó su vida a la búsqueda de la verdad de lo que pasó con nuestros desaparecidos, a denunciar con nombre y apellidos a los responsables de las torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones, robos de bebés y el saqueo a nuestro pueblo cometidos por los terroristas de estado.
Fue también contención para muchas familias de compañeros con quienes construyó lazos y contactos afectivos que fueron fundamentales a la hora de conseguir testigos para esta etapa de juicios orales. Su aporte de información, investigación y vínculos con sobrevivientes y familiares a la causa que hoy transcurre en los tribunales federales de Rosario es invaluable.
Nos demostró que la persistencia en la lucha da sus frutos a pesar de los miles de obstáculos que los personeros de la impunidad nos presentaron. Dejó el cuerpo y el alma en la lucha por el Juicio y Castigo a los genocidas, y alcanzó a ver cinco de los asesinos de la dictadura sentados en el banquillo de los acusados.
Fue una fuente permanente de generación de vida. Proyecto y construyó proyectos bellísimos y luminosos como el jardín de niños La Nube, una experiencia pedagógica única en la ciudad.
"La pérdida de tantos compañeros y el esfuerzo de tantos otros no puede ser en vano y alguna vez tendremos la Patria Justa, Libre y Soberana por la que luchamos y con la que soñamos", nos dijo Ceci alguna vez sintentizando en unas pocas palabras el sentido de nuestra lucha.
Fue demasiadas cosas para los compañeros de esta agrupación como para reflejarlo en unas pocas líneas. Madre y Compañera son dos palabras gigantes que se acercan bastante a lo que significará siempre para nosotros.
(Juane)
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La noche de este jueves 5 de noviembre falleció Cecilia Nazabal, luchadora incasable por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos, una referente indiscutible para los militantes de H.I.J.O.S, que encontramos en ella a una madre en todas sus dimensiones, una maestra que nos enseñó a continuar la lucha por el juicio y castigo y una compañera de militancia.
Esposa de Fernando Dusex –compañero desaparecido de la Quinta de Funes– y madre de Fer, nuestro cumpa de H.I.J.O.S., ha sido para nosotros un pilar, un sostén y una guía en todos estos años de lucha en los que aprendimos junto a ella cómo transitar este camino de construcción de la justicia.
Cecilia fue memoria viviente de los hechos cometidos por los asesinos de la dictadura en Rosario. Dedicó su vida a la búsqueda de la verdad de lo que pasó con nuestros desaparecidos, a denunciar con nombre y apellidos a los responsables de las torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones, robos de bebés y el saqueo a nuestro pueblo cometidos por los terroristas de estado.
Fue también contención para muchas familias de compañeros con quienes construyó lazos y contactos afectivos que fueron fundamentales a la hora de conseguir testigos para esta etapa de juicios orales. Su aporte de información, investigación y vínculos con sobrevivientes y familiares a la causa que hoy transcurre en los tribunales federales de Rosario es invaluable.
Nos demostró que la persistencia en la lucha da sus frutos a pesar de los miles de obstáculos que los personeros de la impunidad nos presentaron. Dejó el cuerpo y el alma en la lucha por el Juicio y Castigo a los genocidas, y alcanzó a ver cinco de los asesinos de la dictadura sentados en el banquillo de los acusados.
Fue una fuente permanente de generación de vida. Proyecto y construyó proyectos bellísimos y luminosos como el jardín de niños La Nube, una experiencia pedagógica única en la ciudad.
"La pérdida de tantos compañeros y el esfuerzo de tantos otros no puede ser en vano y alguna vez tendremos la Patria Justa, Libre y Soberana por la que luchamos y con la que soñamos", nos dijo Ceci alguna vez sintentizando en unas pocas palabras el sentido de nuestra lucha.
Fue demasiadas cosas para los compañeros de esta agrupación como para reflejarlo en unas pocas líneas. Madre y Compañera son dos palabras gigantes que se acercan bastante a lo que significará siempre para nosotros.
(Juane)
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Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al joven Martín, el nieto número 98, nacido en cautiverio en el hospital de Campo de Mayo en 1980. Es hijo del matrimonio desaparecido Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, secuestrados el 17 de octubre de 1979 con sus tres hijos varones.
El joven Martín Amarilla-Molfino, de 29 años, se encontró ayer con sus hermanos y tíos de ambas ramas familiares en la sede de Abuelas, acompañados por la titular del organismo, Estela de Carlotto y de otras abuelas de la institución y dirigentes humanistas.
Así lo hicieron saber en conferencia de prensa Carlotto, Rosa Rosemblit, los diputados del Frente para la Victoria Remo Carlotto y Juan Carlos Dante Gullo, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y la titular de la Conadi, Claudia Carlotto.
A la conferencia de prensa concurrieron los hermanos de Martín, Mauricio, Joaquín e Ignacio y varios tíos Amarilla y Molfino, quienes en todo momento señalaron la “sorpresa” de haber encontrado a un nuevo integrante de la familia, del que no tenían sospecha de su existencia.
“A Marcela la secuestraron en su casa y como estaban en la clandestinidad, la veíamos poco. Veinte días antes del hecho, una hermana mía la vio y no le dijo nada de que estuviera embarazada”, contó a Télam Guillermo Molfino. La familia especula con la posibilidad de que ni siquiera ella misma se hubiera dado cuenta del embarazo, señaló otro miembro familiar.
A la sede de Abuelas asistieron representantes de los hijos de desaparecidos, además de militantes de organismos de derechos humanos y el cineasta Coco Blaustein, entre otros.
Carloto leyó un comunicado de la entidad y luego otro de adhesión enviado por el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, quien está en Roma, Italia, para atestiguar en el juicio contra el represor Emilio Massera.
Martín comenzó la búsqueda de su identidad a partir de algunas cuestiones que le llamaron la atención, como, por ejemplo, que su apropiador hubiera sido miembro del servicio de inteligencia del Ejército y que en el acta de nacimiento figurara Campo de Mayo como el lugar de natalicio.
El nieto recuperado 98 concurrió por su cuenta a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), donde el 13 de diciembre de 2007 se abrió un expediente.
El primer resultado fue negativo al confrontar sus datos genéticos con los del banco, pero la Conadi y las Abuelas siguieron la investigación y dieron con un "arrepentido" que informó que, para la fecha probable de nacimiento de Martín, una mujer había dado a luz.
Otro testimonio, esta vez proveniente de España, brindado por una persona secuestrada confirmó el dato, por lo que las Abuelas convocaron a los familiares Amarilla y Molfino para que se prestaran a dar sangre.
El tío Guillermo Molfino pensó que de lo que se trataba era de cruzar el ADN ante el presunto hallazgo de los huesos de su hermana, según confió a Télam.
Un mes más tarde los llamaron para anunciarles algo desde Abuelas y ayer lo conocieron a Martín en la sede de la organización de derechos humanos.
El matrimonio Amarilla Molfino eran militantes Montoneros e integrantes de la dirección de la Juventud Peronista, regional IV. “El día que desaparecen, primero lo secuestran a Guillermo, que iba a una cita, pero en el saco llevaba una factura por una compra de materiales de construcción”, señaló Guillermo Molfino.
Cuando llegan a la casa, Marcela responde el fuego con un revolver, pero la hieren. En la vivienda también estaba Rubén Amarilla, su cuñado, la esposa de éste y sus dos hijos. La cuñada escapa, pero Rubén, Marcela, y cinco niños (tres de la dueña de casa y los otros del cuñado) fueron secuestrados por el grupo de tareas del Ejército.
A los cinco niños los devuelven quince días más tarde en Resistencia, porque algún represor conocía a alguien de la familia Amarilla.
De Guillermo Amarilla y de su hermano Rubén no se sabe nada, así como tampoco se supo de Marcela hasta ahora, cuando se conoció que dio a luz a Martín, el cuarto hijo varón del matrimonio secuestrado y desaparecido en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires.
(Fuente: redaccionrosario.com / Télam)
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Casación rechazó el pedido de excarcelación de Luis Patti
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La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar al ex subcomisario Luis Patti, procesado con prisión preventiva por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, por considerar que eludirá o entorpecerá el accionar de la Justicia.La Sala II del tribunal desestimó el pedido de la defensa tras considerar que si Patti recupera la libertad, eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia.
Los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell concluyeron que en el caso del ex comisario no resultaba aplicaba la doctrina "Díaz Bessone", que permite la concesión del beneficio aún en casos con delito que prevén grave sanción penal.
Patti, también ex intendente del partido bonaerense de Escobar, ya había recibido la negativa de la Cámara Federal de San Martin, jurisdicción donde está procesado por los delitos de allanamiento ilegal, secuestro, amenazas e imposición de tormentos.
El ex subcomisario está acusado, además, por su presunta participación en el secuestro del ex diputado del Partido Justicialista Diego Muñíz Barreto, en la zona de Ramallo, y de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los militantes de esa fuerza Gastón Gon‡alvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D`Amico.
Muñiz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y de allí a un centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.
El cuerpo del ex legislador fue hallado tiempo después en el interior de un Fiat 128, en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos.
En esta causa también están procesados el ex dictador Reynaldo Bignone, y los represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito y Juan Fernando Meneghini, este último ex comisario de Escobar y entonces superior de Patti, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense en la comisaría de Escobar.
Patti, que había resultado electo en los comicios de 2005, fue detenido en diciembre de 2007 por orden del entonces juez federal Alberto Suares Araujo, y perdió sus fueros parlamentarios en abril de 2008 luego de que la Cámara de Diputados se los quitara por falta de "idoneidad moral".
Actualmente Patti se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, donde, si la Corte Suprema no modifica el fallo de la Cámara de Casación, deberá aguardar el juicio oral y público.
Semanas atrás la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte -que había resuelto que en el Congreso Nacional le tenían que tomar juramento- debe analizar el desafuero de Patti.
Télam
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Esperanza Labrador, la Madre de la Plaza 25 de mayo cuya familia fue devastada por el terrorismo de Estado, remitió ayer una carta al comisario Alberto Vitantonio, policía que era amigo de Palmiro Labrador, uno de los hijos de Esperanza, asesinado durante la dictadura junto a su padre Víctor Labrador. "Ante la imposibilidad de entregarte esta carta en mano, he decidido hacerla pública a través del diario Rosario/12", comienza Esperanza, que vive en España y está preocupada porque la salud del imputado por crímenes de lesa humanidad se deteriora sin que haya contado qué pasó con su otro hijo, Miguel Angel Labrador.
La súplica de una Madre
"Han pasado muchos años desde las dos últimas veces que nos vimos, cuando me presenté en la ex Jefatura de Policía para pedirte información sobre el paradero de mi hijo Miguel Angel, desaparecido desde septiembre de 1976. Me atreví a hacerlo por la amistad que tú tenías con mi otro hijo, Palmiro, asesinado por el ejército junto a su padre, Víctor Labrador, y su compañera, en octubre de 1976. A pesar de que Palmiro y tú habían sido compañeros y amigos durante todo el colegio industrial, en la primera ocasión aparentaste no reconocerme y negaste tener información sobre mi hijo. Años más tarde volví a presentarme en Jefatura, esta vez acompañada de mi hija Manuela, y seguiste negando saber nada sobre Miguel Angel".
El pedido de Esperanza es desgarrador: "No quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo, a dónde lo llevaron, qué hicieron con él. No cargues sobre tu conciencia, además de los hechos de los que se te acusa, con la culpa de no haber tenido compasión por una madre que aún espera saber la verdad". Lee el Articulo Completo
La súplica de una Madre
"Han pasado muchos años desde las dos últimas veces que nos vimos, cuando me presenté en la ex Jefatura de Policía para pedirte información sobre el paradero de mi hijo Miguel Angel, desaparecido desde septiembre de 1976. Me atreví a hacerlo por la amistad que tú tenías con mi otro hijo, Palmiro, asesinado por el ejército junto a su padre, Víctor Labrador, y su compañera, en octubre de 1976. A pesar de que Palmiro y tú habían sido compañeros y amigos durante todo el colegio industrial, en la primera ocasión aparentaste no reconocerme y negaste tener información sobre mi hijo. Años más tarde volví a presentarme en Jefatura, esta vez acompañada de mi hija Manuela, y seguiste negando saber nada sobre Miguel Angel".
El pedido de Esperanza es desgarrador: "No quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo, a dónde lo llevaron, qué hicieron con él. No cargues sobre tu conciencia, además de los hechos de los que se te acusa, con la culpa de no haber tenido compasión por una madre que aún espera saber la verdad". Lee el Articulo Completo
Apoyo a una Ley de Medios de la democracia
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Este viernes habrá muchas actividades para apoyar la sanción de la ley de medios, la principal frente al Congreso nacional, donde la raquítica marcha en contra del rabino Sergio Bergman fue un fracaso.
Distintas organizaciones sociales convocaron para este viernes a un acto frente al Congreso en apoyo al debate de la ley de medios de comunicación audiovisual. Otras agrupaciones anunciaron diferentes actividades en todo el país. En Rosario, la Escuela de Comunicación Social, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Radio Universidad y Radio Nacional invitaron a participar de una radio abierta.
La convocatoria al Congreso fue formalizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática este miércoles al mediodía. La movilización se llevará a cabo el viernes a las 17, en apoyo a la discusión parlamentaria por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que debatirá el Senado.
Néstor Buzzo, miembro de la coalición y uno de los redactores de los 21 puntos, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el diputado nacional Julio Piumato, el dirigente del FTV Luis D’Elía y el titular de la CTA Hugo Yasky, fueron las personalidades que presentaron la convocatoria.
En Rosario
La radio abierta convocada por la Escuela de Comunicación Social y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, con el objeto de acompañar la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, se realizará el próximo viernes, a las 18.30, en Radio Nacional Rosario, Córdoba 1331.
Otras actividades
En otro orden, el próximo viernes el Movimiento Libres del Sur realizará una serie de actividades en distintas ciudades del país para respaldar el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ese día será debatido por el Senado.
“Vamos a acompañar el debate y celebrar la unidad del campo popular que impulsa la ley”, anunció a través de un comunicado de prensa la agrupación que tiene como referentes a las diputadas nacionales Victoria Donda y Cecilia Merchán.
El texto confirma, también, la adhesión a la convocatoria de la Coalición por una Radiodifusión Democrática a concentrar el viernes a las 17 frente a la Plaza Congreso.
Según las actividades previstas, Libres del Sur se reunirá en Plaza Lorea (Paraná y Rivadavia), desde las 11, bajo la consigna “Sí a la Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. En Rosario, instalarán una radio abierta con música e invitados desde las 10.30 en Plaza Sarmiento.
En tanto, en la localidad bonaerense de Merlo, el Foro por la Democracia y la Participación Ciudadana convocó a una charla debate, a las 18, en Cervantes 1859, frente a la planta Pirelli. Allí un panel integrado por José Sbatella, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y Eduardo Grandín, director de la revista “Haciendo Barrio”, analizarán la ley que ya tiene media sanción de Diputados.
Fuente: redaccionrosario.com
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Distintas organizaciones sociales convocaron para este viernes a un acto frente al Congreso en apoyo al debate de la ley de medios de comunicación audiovisual. Otras agrupaciones anunciaron diferentes actividades en todo el país. En Rosario, la Escuela de Comunicación Social, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Radio Universidad y Radio Nacional invitaron a participar de una radio abierta.
La convocatoria al Congreso fue formalizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática este miércoles al mediodía. La movilización se llevará a cabo el viernes a las 17, en apoyo a la discusión parlamentaria por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que debatirá el Senado.
Néstor Buzzo, miembro de la coalición y uno de los redactores de los 21 puntos, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el diputado nacional Julio Piumato, el dirigente del FTV Luis D’Elía y el titular de la CTA Hugo Yasky, fueron las personalidades que presentaron la convocatoria.
En Rosario
La radio abierta convocada por la Escuela de Comunicación Social y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, con el objeto de acompañar la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, se realizará el próximo viernes, a las 18.30, en Radio Nacional Rosario, Córdoba 1331.
Otras actividades
En otro orden, el próximo viernes el Movimiento Libres del Sur realizará una serie de actividades en distintas ciudades del país para respaldar el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ese día será debatido por el Senado.
“Vamos a acompañar el debate y celebrar la unidad del campo popular que impulsa la ley”, anunció a través de un comunicado de prensa la agrupación que tiene como referentes a las diputadas nacionales Victoria Donda y Cecilia Merchán.
El texto confirma, también, la adhesión a la convocatoria de la Coalición por una Radiodifusión Democrática a concentrar el viernes a las 17 frente a la Plaza Congreso.
Según las actividades previstas, Libres del Sur se reunirá en Plaza Lorea (Paraná y Rivadavia), desde las 11, bajo la consigna “Sí a la Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. En Rosario, instalarán una radio abierta con música e invitados desde las 10.30 en Plaza Sarmiento.
En tanto, en la localidad bonaerense de Merlo, el Foro por la Democracia y la Participación Ciudadana convocó a una charla debate, a las 18, en Cervantes 1859, frente a la planta Pirelli. Allí un panel integrado por José Sbatella, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y Eduardo Grandín, director de la revista “Haciendo Barrio”, analizarán la ley que ya tiene media sanción de Diputados.
Fuente: redaccionrosario.com
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Detuvieron en España a un piloto implicado en los "vuelos de la muerte" de la última dictadura
0 Comments Published by H.I.J.O.S. Rosario on 23.9.09 at 11:41 AM.
El ex teniente de Fragata, Julio Alberto Poch, acusado de haber participado en los "vuelos de la muerte", fue detenido anoche en el aeropuerto de Valencia, España, a pedido de la justicia argentina, en el marco de la causa en que se investigan delitos de lesa humanidad en la ESMA, informaron hoy fuentes de los dos países.
El militar retirado, con nacionalidad argentina-holandesa, trabajaba en la actualidad como comandante de avión de la aerolínea comercial neerlandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM, y fue arrestado durante una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises-Valencia, antes de regresar a Amsterdam, Holanda.
El juez federal Sergio Torres reclamaba al ex militar por su presunta responsabilidad derivada de su actuación como aviador naval con base en la ESMA en relación a cuatro procesos penales en los que hay más de 1.000 víctimas, indicó la policía española en un comunicado.
El piloto habría participado en los "vuelos de la muerte" ocurridos durante la última dictadura militar argentina, en los que miles de detenidos-desaparecidos fueron arrojados vivos y drogados al mar desde aviones militares.
Poch piloteaba con relativa frecuencia el vuelo que, procedente del aeropuerto de Schipol en Amsterdam (Países Bajos), viajaba a Manises (Valencia), y regresaba a su punto de origen tras una escala de unos 40 minutos, en la que recogía nuevos pasajeros tras el desembarque del transportado desde Holanda.
El detenido trabajaba para la empresa aérea desde la década del `80 cuando huyó de la Argentina rumbo al reino de Holanda, donde vive desde entonces con su familia, indicaron a Télam fuentes allegadas a la investigación.
Desde Buenos Aires, fuentes allegadas a la investigación ponderaron la colaboración de la "justicia y autoridades holandesas" y señalaron que la captura del represor "es el fruto del esfuerzo y de la tarea mancomunada que se realizó durante más de un año en el marco de la cooperación y asistencia entre ambos países".
En ese marco, el juez Torres viajó a Holanda en diciembre de 2008 y allí recogió constancias del expediente y testimonios, en los que Poch confesó -en sendas reuniones con sus compañeros de trabajo- que había participado en los "vuelos de la muerte" y "relató el modo en que los prisioneros eran arrojados al mar".
En la ciudad de Amestelveen, el magistrado recogió el testimonio de otro piloto de la misma empresa, quien declaró que el represor "exactamente me dijo cuando a bordo de su avión se echaba fuera de la borda personas con vida con el fin de ejecutarlas" y justificó esas prácticas sosteniendo que "se trataba de terroristas".
El mismo testigo dijo haberse "enojado fuertemente porque uno no puede imaginar cosas tan terribles", pero Poch se justificó diciendo que "era una guerra" y que las víctimas "habían sido drogadas previamente", tras lo cual añadió que los familiares "no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas".
En términos similares se expresó otro piloto que participó de la misma reunión, que se desarrolló en un restaurante de Bali, en Indonesia.
En ese encuentro, el comentario surgió cuando se mencionó que el suegro del príncipe holandés Willem Alexander, en referencia a Jorge Zorreguieta, "fue miembro del régimen ’criminal’ (del dictador Jorge Rafael) Videla; y luego de esas palabras el capitán Poch comenzó a defender ese gobierno y nos decía que teníamos una imagen errónea de esa época".
Por su parte, un tercer piloto de la misma empresa en la que Poch presta servicios afirmó que el represor "tiene dos caras, por un lado puede comportarse como una persona amable, pero su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior a los demás, puede que ello tenga algo que ver con su pasado como militar".
"Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía defiende sus argumentos tras pasar treinta años, cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda", dijo el testigo, quien añadió: "No tengo idea de que lo hayan forzado a que cometiera esas atrocidades".
En tanto, un copiloto de Poch en un vuelo de larga duración sostuvo que el represor aludió a la dictadura de Videla y sostuvo que "ellos deberían haber matado a todos" y sus certezas que "debe haber tenido cierta responsabilidad a bordo de un avión militar, ya que cuando uno vuela con personas abordo la responsabilidad es del piloto".
Otro testimonio recogido por el juez en la causa da cuenta que Poch confesó que "durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla, él realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas de su avión al mar" y que "el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas en la Argentina".
"Poch todavía está de acuerdo con las cosas que hizo y cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado a hacerlo y que puede vivir con eso sin problemas emocionales", dijo el testigo ante el magistrado y el secretario Pablo Yadarola. Lee el Articulo Completo
El militar retirado, con nacionalidad argentina-holandesa, trabajaba en la actualidad como comandante de avión de la aerolínea comercial neerlandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM, y fue arrestado durante una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises-Valencia, antes de regresar a Amsterdam, Holanda.
El juez federal Sergio Torres reclamaba al ex militar por su presunta responsabilidad derivada de su actuación como aviador naval con base en la ESMA en relación a cuatro procesos penales en los que hay más de 1.000 víctimas, indicó la policía española en un comunicado.
El piloto habría participado en los "vuelos de la muerte" ocurridos durante la última dictadura militar argentina, en los que miles de detenidos-desaparecidos fueron arrojados vivos y drogados al mar desde aviones militares.
Poch piloteaba con relativa frecuencia el vuelo que, procedente del aeropuerto de Schipol en Amsterdam (Países Bajos), viajaba a Manises (Valencia), y regresaba a su punto de origen tras una escala de unos 40 minutos, en la que recogía nuevos pasajeros tras el desembarque del transportado desde Holanda.
El detenido trabajaba para la empresa aérea desde la década del `80 cuando huyó de la Argentina rumbo al reino de Holanda, donde vive desde entonces con su familia, indicaron a Télam fuentes allegadas a la investigación.
Desde Buenos Aires, fuentes allegadas a la investigación ponderaron la colaboración de la "justicia y autoridades holandesas" y señalaron que la captura del represor "es el fruto del esfuerzo y de la tarea mancomunada que se realizó durante más de un año en el marco de la cooperación y asistencia entre ambos países".
En ese marco, el juez Torres viajó a Holanda en diciembre de 2008 y allí recogió constancias del expediente y testimonios, en los que Poch confesó -en sendas reuniones con sus compañeros de trabajo- que había participado en los "vuelos de la muerte" y "relató el modo en que los prisioneros eran arrojados al mar".
En la ciudad de Amestelveen, el magistrado recogió el testimonio de otro piloto de la misma empresa, quien declaró que el represor "exactamente me dijo cuando a bordo de su avión se echaba fuera de la borda personas con vida con el fin de ejecutarlas" y justificó esas prácticas sosteniendo que "se trataba de terroristas".
El mismo testigo dijo haberse "enojado fuertemente porque uno no puede imaginar cosas tan terribles", pero Poch se justificó diciendo que "era una guerra" y que las víctimas "habían sido drogadas previamente", tras lo cual añadió que los familiares "no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas".
En términos similares se expresó otro piloto que participó de la misma reunión, que se desarrolló en un restaurante de Bali, en Indonesia.
En ese encuentro, el comentario surgió cuando se mencionó que el suegro del príncipe holandés Willem Alexander, en referencia a Jorge Zorreguieta, "fue miembro del régimen ’criminal’ (del dictador Jorge Rafael) Videla; y luego de esas palabras el capitán Poch comenzó a defender ese gobierno y nos decía que teníamos una imagen errónea de esa época".
Por su parte, un tercer piloto de la misma empresa en la que Poch presta servicios afirmó que el represor "tiene dos caras, por un lado puede comportarse como una persona amable, pero su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior a los demás, puede que ello tenga algo que ver con su pasado como militar".
"Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía defiende sus argumentos tras pasar treinta años, cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda", dijo el testigo, quien añadió: "No tengo idea de que lo hayan forzado a que cometiera esas atrocidades".
En tanto, un copiloto de Poch en un vuelo de larga duración sostuvo que el represor aludió a la dictadura de Videla y sostuvo que "ellos deberían haber matado a todos" y sus certezas que "debe haber tenido cierta responsabilidad a bordo de un avión militar, ya que cuando uno vuela con personas abordo la responsabilidad es del piloto".
Otro testimonio recogido por el juez en la causa da cuenta que Poch confesó que "durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla, él realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas de su avión al mar" y que "el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas en la Argentina".
"Poch todavía está de acuerdo con las cosas que hizo y cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado a hacerlo y que puede vivir con eso sin problemas emocionales", dijo el testigo ante el magistrado y el secretario Pablo Yadarola. Lee el Articulo Completo
¡Hasta siempre, Nelly Galasso, Madre de Plaza 25 de Mayo!
1 Comments Published by H.I.J.O.S. Rosario on 10.9.09 at 6:18 PM.
POR UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSION (adherite a la propuesta del Sindicato de Prensa de Rosario)
0 Comments Published by H.I.J.O.S. Rosario on 4.9.09 at 10:04 AM.
DEMOCRATIZAR LA PALABRA, AHORA ES EL MOMENTO
Una de las deudas más vergonzosas de la democracia con todos los habitantes de este país comienza a saldarse. El 27 de agosto pasado, fecha en que se celebra el día de la radiodifusión en la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional envió el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual al Congreso. Una jornada histórica que recrea la esperanza de que al fin se derogue la ley de la dictadura firmada por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional y que al calor de las políticas neoliberales transformó a los medios en un símbolo de la concentración económica.
El Sindicato de Prensa Rosario junto con la CTA conformamos desde su inicio la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los 21 puntos consensuados entre más de trescientas organizaciones del campo popular que son base fundacional de este anteproyecto. Es tiempo de discutir la democratización de los medios que ponga fin al monopolio de la palabra para que todos tengamos la posibilidad de hacer oír nuestra voz ampliando el horizonte de la comunicación. Romper con la hegemonía del poder mediático es una tarea imprescindible para avanzar hacia una justa distribución de la riqueza, para que crezca la lógica de una construcción inclusiva con trabajo, educación, salud y acceso a los bienes culturales, como lo declara el artículo 14 bis de la Constitución nacional.
Desde el regreso a la democracia venimos reclamando por una nueva ley; se presentaron proyectos que nunca prosperaron, participamos en audiencias públicas, se interpusieron cientos de reclamos jurídicos contra la discriminación a las organizaciones sin fines de lucro para poder acceder a licencias de radiodifusión, se rechazó la privatización de los canales de televisión perpetrada por el menemismo, se repudió la prórroga de las licencias otorgada por Néstor Kirchner, se denunció la conformación de monopolios. Todo lo que debimos hacer lo hicimos y lo seguiremos haciendo sin arriar jamás la bandera. Por eso hoy reafirmamos, como lo asume el proyecto de ley, que la comunicación es un derecho humano y del que no se nos puede privar a manos de quienes han montado medios como factorías al servicio de unos pocos. Esto es un principio irrenunciable.
Esta larga lucha debe tener su correlato en el Congreso, son los legisladores quienes deben asumir la defensa de una nueva ley que involucra a todos los argentinos y que reclamamos como propia. Las instituciones democráticas deben estar a la altura de este acontecimiento y demostrar que la construcción de ciudadanía, tantas veces invocada, requiere de todas las voces y de legisladores comprometidos.
También decimos que no se pueden mantener indefinidamente tantas mentiras, una penosa red de inescrupulosas afirmaciones mediáticas, contra el tratamiento de una nueva ley. Queremos que se escuche la voz del pueblo y que nadie asuma una falsa defensa en nuestro nombre. Los periodistas, los trabajadores de la comunicación, los trabajadores en su conjunto, exigimos respeto por nuestra lucha y la de todas las organizaciones que trabajamos para que esta ley sea posible y sostenemos:
Es mentira que es un proyecto hecho a las apuradas. Fue discutido en cientos de foros, y ya se cumplieron cinco años de la presentación de los 21 puntos.
Es mentira que cercena la libertad de expresión. Amplifica el espectro para que otros tengan lugar.
Es mentira que atenta contra los medios de comunicación. Muchos de ellos atentan contra los intereses de la mayoría.
Es mentira que es sólo un proyecto del oficialismo. Hemos participado en su construcción antes de que el oficialismo siquiera pensara en debatir la ley.
Es mentira que regula contenidos. Hay marco regulatorio para licencias y cuotas de producción de carácter local, regional y nacional.
Es mentira que la tiene que debatir otro Congreso. Este Congreso tiene su composición producto del voto del pueblo.
Es mentira que nadie lo conoce. Ningún proyecto de ley llegó al Congreso con tanto apoyo y movilización popular.
Apelamos a todos los legisladores nacionales y especialmente a los de Santa Fe para que asuman el debate de esta ley teniendo presente nuestro firme apoyo para que sea realidad un país con más oportunidades, con equidad en el reparto de los medios, con transparencia en el otorgamiento de licencias y autorizaciones, con límites a los monopolios, con protección de contenidos a niños y adolescentes, con la universalización del acceso a los medios audiovisuales, con diversidad y pluralidad, con tarifa social, con reserva del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, estados provinciales y municipales, universidades, pueblos originarios, con cuotas de pantalla para el cine nacional, con amplia participación ciudadana en el órgano de control, con federalismo y responsabilidad social en el manejo de bienes que son de todos.
Los argentinos nos merecemos una nueva ley de medios audiovisuales. Este es el momento.
SINDICATO DE PRENSA ROSARIO-FETRACCOM-CTA PROVINCIA DE SANTA FE
Envia tu adhesión a:sprgremial@arnet.com.ar
Leer el proyecto de Ley enviado al congreso por el Ejecutivo Nacional
Ver aportes de la Coalición al proyecto de Ley
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A partir de este martes 1 de septiembre se podrá consultar diariamente en internet el portal que la agrupación H.I.J.O.S. Rosario, en convenio con dos instituciones de la comunicación popular y alternativa de la ciudad –la cooperativa de prensa La Masa y Cadena Informativa Asociación Civil–, han desarrollado para dar amplia cobertura periodística al primer juicio oral contra los responsables del terrorismo de estado en la región. Además se podrá encontrar los artículos publicados por los distintos medios locales, videos, entrevistas, informes y documentos.
Para ver seguir día a día el juicio Guerrieri – Amelog, entrá en el Diario de los Juicios.
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