Los organismos y los familiares de los desaparecidos están indignados
El procurador fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde opinó que ese tribunal debería pronunciarse a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado. Su dictamen se basó en la decisión de la Suprema Corte en el caso del dictador Antonio Domingo Bussi. En ese fallo, muy cuestionado por los organismos de derechos humanos, la mayoría de los ministros aseguró que el Congreso "no tiene atribuciones para rechazar la incorporación de un legislador electo". El escrito de Warcalde contradice la opinión de su superior, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que hace dos años señaló que la Cámara de Diputados podía impedir el juramento de un legislador electo si éste estaba acusado de participar en crímenes de lesa humanidad. De prosperar esta línea de pensamiento en el seno de la Corte Suprema, y en el caso de que Patti pudiera asumir como diputado nacional, se estaría otorgando al ex comisario, la inmunidad que otorga la Cámara de Diputados a sus hombres, y que Patti necesita para que no se lo siga investigando. De esta manera, los treinta años de impunidad con que le Estado negó la posibilidad de justicia al pueblo argentino y a los familiares de los detenidos desaparecidos, se estarían prolongando hasta el infinito, si partimos de la base que el piso –y techo– de votos con que cuenta el torturador y asesino confeso de Luis Abelardo Patti, le alcanza para renovar su banca elección tras elección.También es importante recordar, que en los planteos de H.I.J.O.S. y la amplísima mayoría de diputados –de las más diversas fuerzas políticas– que votaron el no ingreso de Patti, se dejó en claro que no es atentar contra el voto soberano el hecho de que Patti no ingrese, puesto que no se está objetando la banca ganada por su partido, ni a su partido mismo, y que el escaño sería –como lo fue de hecho– ocupado por un integrante de la lista que acompañaba al máximo promotor de la tortura en nuestro país –el que esté interesado puede buscar declaraciones de Patti a la prensa para corroborar esta afirmación–.
Repudios.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. aseguraron que “se darán todas las peleas que hay que dar: Tanto la que impida que la Corte no se “abstraiga” en un divague teórico tan elevado de los problemas terrenales, que finalmente en lo concreto favorezca al torturador y asesino confeso, otorgándolé la impunidad que él busca. Como la que impida que el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo, quien tiene la causa más avanzada de las que pesan sobre Patti –la de Cambiaso y Pereryra Rossi–, no continúe con las explícitas maniobras dilatorias para favorecer a Patti, y de una vez realice el llamado a indagatoria al ex comisario y lo detenga, como venimos reclamando desde tantísimo tiempo”. “Hubiera sido deseable que la Procuración insistiera con su posición para obligar a la Corte a contestar argumentos que fueron ignorados en el fallo anterior”, señaló Gastón Chillier, director del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Son las paradojas que generó la impunidad en este país, que se haya cuestionado su diploma por su actuación y finalmente se resuelva a su favor tiene que ver con que durante todos estos años a las víctimas se les negó la justicia, y si en este país las instituciones funcionaran (Luis) Patti tendría que estar preso.” Así, con inocultable indignación, opinó sobre el dictamen de la Procuración la abogada de HIJOS de Rosario, Ana Oberlin. El mismo tono se manifestó en las declaraciones de Manuel Gonçalves y Juana Muñiz Barreto, hijos de dos de las víctimas del torturador aspirante a diputado.“Es un retroceso como lo fue el dictamen de la Corte sobre Bussi, y se está dando un mensaje contradictorio: promovemos juicios que se reabren, instamos a la participación de los testigos y los animamos dándoles confianza, incluso algunas resoluciones de la Corte van en ese sentido, pero un dictamen como éste vuelve a generar impunidad. Y me preocupa ese mensaje en este momento clave en que socialmente se está debatiendo las consecuencias de la dictadura en el presente, es volver para atrás con el acierto del año pasado de la Cámara”, completó Oberlin, querellante en varios procesos en los que está imputado Patti. “Por algo los jueces tienen tanto temor con este personaje, por lo menos son cuatro que no hacen nada. Y ahora va a hacer aún más difícil pero vamos a seguir peleándola”, anticipó.El hijo del desaparecido Gastón Gonçalves recordó que no sólo el problema está en la Justicia. “Los proyectos de ley para impedir las candidaturas de represores aparecieron con el caso Bussi y con el caso Patti pero ahora duermen en los cajones”, expresó. “Hay intereses que no conozco y con una elección acá nomás si no hay decisión de fondo esto va a seguir sucediendo”, agregó Manuel Gonçalves, que participó del proceso de impugnación de Patti en la Cámara de Diputados. “Fueron tres meses en el Congreso para lograr algo válido, y pensamos que la Justicia nos iba a acompañar pero me siento horrible... la gente tuvo que contar las atrocidades que vivió varias veces y alguien desde un escritorio ahora dice que esto no va. Parece todo un circo”, se quejó Gonçalves. La causa por el séxtuple homicidio de sus padres y otros cuatro militantes de la Juventud Peronista pasó del juzgado de San Nicolás al de Campana, de ahí a la Cámara de Rosario por un conflicto de competencia, y finalmente recayó en la justicia federal de San Martín. “Esto grafica mucho lo que pasa, dos años, tres jueces, dos cámaras, todo dilatado. El fiscal (Juan Murray) pidió su detención, y (Patti) ya estaría preso, ya habría condena. Pero da mucho trabajo porque tiene poder”, concluyó.Consultada sobre el dictamen, la hija del desaparecido diputado justicialista Diego Muñiz Barreto manifestó que le parece “una verdadera vergüenza”. Y agregó: “Mi padre fue una víctima más de la falta de legalidad, así que no voy a dejar de batallar porque estoy segura de que éste es el mejor legado que puedo dejarles a mis hijos”.
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