Testigos y
querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, sobrevivientes
de la dictadura, organizaciones de derechos humanos, sociales,
gremiales y políticas, nucleadas en el espacio Juicio y Castigo
Rosario, exigen que se “ponga fecha al debate oral y público por
la causa Feced III”. El proceso había sido suspendido –por
segunda vez– a dos días de su inicio, fijado para el 8 de junio
pasado.
En el juicio Feced
III se investigan 155 casos de violaciones a los derechos humanos
durante la última dictadura cívico militar en Rosario, y los
delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso
sexual y asociación ilícita perpetrados por trece policías y un
capellán (Eugenio Zitelli), todos acusados por hechos cometidos en
el ex Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía
local.
“A dos días de
comenzar la causa Feced III, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, miembro
del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, elevó una presentación que
frena el juicio, al indicar que debe asistir a otro tribunal en
calidad de subrogante”, habían informado en su momento las
organizaciones que integran el espacio Juicio y Castigo.
Este martes, desde
el mismo espacio que reúne a organizaciones como Madres de la Plaza
25 de Mayo, Abuelas filial Rosario, H.I.J.O.S, Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras entidades
gremiales, sociales y políticas, presentaron una nota dirigida al
Tribunal Oral Federal 2 de Rosario para solicitar que se “designe
en tiempo y forma nueva fecha de inicio de la causa”.
“Es imperiosa la
necesidad de que dejen de dilatarse los juicios de lesa humanidad
ante la edad avanzada y el deterioro de la salud de muchos de los
testigos, querellantes y /o víctimas de los delitos que en la misma
van a ser ventilados”, se indica en el texto presentado este
martes. Donde además se añade: “Han sido ya demasiadas décadas
de impunidad las que hemos tenido que soportar todos los involucrados
y la sociedad en su conjunto”.
En la nota, se
reclama que “se arbitren las medidas necesarias para que puedan ser
juzgados a la brevedad los imputados” y también se plantea que,
como ocurrió en otros juicios, se “habiliten los espacios y medios
necesarios para que las audiencias sean públicas y puedan ser
presenciadas por la gran cantidad de personas que vendrán a
declarar, además de los familiares y militantes que quieren estar
presentes y asistir a las mismas”.
Luego del
apartamiento de Villafuerte Ruzo, el 13 de junio la Cámara Federal
de Casación Penal designó en su reemplazo al juez Jorge Sebastián
Gallino, quien actualmente se encuentra cubriendo una subrogancia en
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Pero Gallino fue
recusado por la defensa de Zitelli, y ahora los otros dos integrantes
del tribunal, Liliana Graciela Carnero y Francisco Miño, deben
responder ante ese requerimiento.
A casi un mes de esa
designación del nuevo magistrado, las querellas y organismos de
derechos humanos consideraron que el tribunal se ha tomado suficiente
tiempo para volver a poner fecha de inicio al juicio.
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