El juez Ariel Lijo consideró que el ex comisario y fallido diputado nacional debe ser sometido a juicio por haber colaborado en ocultar a un militar prófugo, acusado de delitos de lesa humanidad.
El futuro político del ex comisario Luis Abelardo Patti es cada vez más negro. El juez federal Ariel Lijo decidió someterlo a juicio oral por la ayuda que le brindó a un teniente coronel que era buscado por la Justicia en una causa por violación a los derechos humanos de la última dictadura militar. El ex intendente de Escobar, investigado y denunciado en media docena de casos emblemáticos de la dictadura, “colaboró –según el juez– mediante su influencia” y “poniendo a disposición una persona” en el “encubrimiento” del militar. La resolución puede jugar como agravante para la definición del futuro de su banca en el Congreso de la Nación, que está en manos de la Corte Suprema.
La causa de Lijo se abrió en el año 2003, como un anexo al expediente que investiga la Justicia en el marco de los desaparecidos y las víctimas de la llamada Contraofensiva Montonera. En esa causa, la Justicia ordenó el 8 de julio de 2002 la detención del teniente coronel Jorge Horacio Granada, al parecer un amigo personal del ex comisario.
El juez federal Lijo pudo comprobar esa hipótesis a lo largo de la investigación que cerró con la elevación a juicio oral. Según dejó escrito en la resolución, Luis Patti “colaboró para que Jorge Horacio Granada –quien se encontraba prófugo– eluda las diversas acciones desarrolladas por fuerzas de seguridad para lograr su captura”.
En los hechos, Patti prestó ayuda a una persona para que logre mantenerse en “situación de libertad clandestina”, sintetizó el juez. Los datos surgieron del cruce de una comunicación telefónica entre el número celular de Granada y un celular de la Municipalidad de Escobar usado por el ex intendente. La grabación se tomó el 7 de agosto de 2003.
Durante el proceso, el ex comisario pudo hacer su descargo y dio cuenta de su versión sobre esa charla. “... Se podría decir que somos amigos...”, le dijo luego al juez para explicar por qué decidió atenderlo. Sobre la base de esa amistad, explicó, quiso brindarle ayuda e incluyó una asistencia económica. En el mismo descargo advirtió, además, que “desconocía” que su amigo estaba prófugo. Luego de aquella charla, la Justicia detuvo finalmente a su amigo Granada, momento en el que –según quedó dicho en el expediente– Patti, inconforme, intentó comunicarse con el juzgado para solicitar su alojamiento en una unidad de detención militar y no en una cárcel común.
El último 5 de julio, el fiscal Oscar Ricardo Amirante, a cargo de esta causa, había solicitado formalmente la elevación a juicio y calificó su conducta de encubrimiento. En esa línea, se pronunció ahora Lijo, que pasará el expediente a la Secretaría General para que realice el sorteo y designe un tribunal para la etapa oral.
Pero más allá de la causa, Patti es blanco de otras causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad por su actuación en la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Parte de esas causas son los procesos por el fusilamiento de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi y el homicidio de Gastón Gonçalves. En ese contexto, quienes siguen las causas en su contra entienden que el caso Granada puede convertirse en una bisagra: una acusación menor por el tipo de delito –el encubrimiento–, pero simbólica.
Desde que el Congreso Nacional comenzó a impulsar la impugnación de su banca de diputado, el ex comisario se defendió mencionando su situación en la Justicia. Recordó que no tenía condenas firmes y no se equivocó. Aunque el Congreso consiguió impugnarlo el 23 de mayo con 164 votos a favor, el 13 de septiembre la Cámara Nacional Electoral rechazó la decisión del Congreso y del juez de primera instancia. A criterio del tribunal, el Congreso sólo puede hacer uso del derecho de juzgar a sus miembros cuando media un delito de lesa humanidad. Pero la excepción no alcanzó a Patti porque para los camaristas el delito tiene que haber sido juzgado y condenado. El caso ahora está bajo análisis de la Corte Suprema. La causa Granada va por una vía distinta, pero cuando llegue a la instancia oral y pública puede terminar en la condena que exigió la Cámara Nacional Electoral.
(Fuente: Página 12)
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