Ante las "operaciones" tendientes a re instalar la teoría de los dos demoios utilizando el caso Larrabure, reeditamos nuestros argumentos con los que oportunamente repudiamos el dictamen del Fiscal Claudio Marcelo Palacín.
"Ante un nuevo intento de instalar la teoría de los dos demonios en el debate público, vemos necesario sentar nuestra posición; esta vez la excusa para reeditar esta lectura de la historia es el planteo de la familia Larrabure, la cual reclamó que se juzgue como crimen de lesa humanidad el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de la organización PRT-ERP.
Esta demanda, hace escasos días, fue debidamente rechazada por la justicia federal, considerando que no constituía un delito de lesa humanidad.
Es preciso aclarar que en el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo.
El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles.
En este marco nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado.
Más absurdo y paradójico resulta aún en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, en el que es de público conocimiento que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables.
Luego de tres décadas de impunidad, el pueblo argentino comienza a reconstruir su historia y a juzgar un proceso que a través del terror y la desaparición nos sumió en la degradación económica, social, cultural y política como Nación.
Sigamos avanzando juntos en la construcción colectiva de Verdad y Justicia sin permitir que la demanda desacertada, pero comprensible en un familiar, sea utilizada por los sectores que buscan perpetuar su impunidad y garantizar el privilegio económico que obtuvieron son la aplicación del Genocidio".
Comunicado de la Red Nacional de H.I.J.O.S:
Desde H.I.J.O.S., Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – Red Nacional Argentina, REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE, el dictamen del Fiscal de Cámara rosarino Claudio Marcelo Palacín*, quien en una clara reedición de las estrategias de la IMPUNIDAD pretende asimilar los hechos de violencia política previos al Golpe de Estado de 1976, con el Terrorismo de Estado al calificarlos como “crímenes de lesa humanidad”.
La estrategia de quienes generaron y sustentaron la impunidad en los años ochenta comenzó precisamente de este mismo modo, cuando a través de la Teoría de los Dos Demonios se terminó marchando hacia el Punto Final y la Obediencia Debida.
Detrás de una falsa argumentación de “derecho internacional de los Derechos Humanos” el Fiscal Palacín termina afirmando que en la Argentina de antes del Golpe de Estado existían “grupos armados beligerantes”, es decir, GUERRA INTERNA.
Este fundamento no es otra cosa que la “Doctrina de Seguridad Nacional” utilizada para JUSTIFICAR LA DICTADURA, y la doctrina de la seguridad continental, pergeñada por los Estados Unidos para el derrocamiento de TODOS LOS GOBIERNOS POPULARES DE AMÉRICA LATINA.
Asimismo, y en contra de lo que sostienen nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, el dictamen desconoce que los crímenes de lesa humanidad son cometidos desde el Estado o grupos dirigidos y amparados por el Estado terrorista en contra de la población civil como parte de un plan sistemático de exterminio y JAMÁS desde sectores de la población civil en contra de órganos del Estado. Estos hechos, de existir, constituyen delitos comunes que prescriben cuando no son perseguidos oportunamente por imperio de las normas del derecho penal, constitucional y supralegal.
Parece desconocer, o MALICIOSAMENTE OLVIDA, que en el caso de los crímenes cometidos en un marco de violencia política JAMÁS HA EXISTIDO OBSTÁCULO ALGUNO PARA EL JUZGAMIENTO, como sí en los cometidos desde los aparatos del Estado.
A más de 30 años de lucha por la Verdad y la Justicia, de las Madres, las Abuelas, los Familiares, los H.I.J.O.S., los sobrevivientes y los organismos de Derechos Humanos, lucha que se hizo carne en la sociedad argentina y forzó a las instituciones del Estado a reconocer el derecho al JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO es absolutamente INTOLERABLE que un FISCAL FEDERAL DESCONOZCA LO QUE FUE EL TERRORISMO DE ESTADO, ocultándolo bajo falacias jurídicas.
Esto, que en sí es alarmante, es también demostrativo de que no se han saneado las instituciones estatales. Ello recobra más gravedad cuando se observa que hay un importante número de funcionarios que están comprometidos, por acción u omisión, con el Terrorismo de Estado y continúan en funciones, incluso en la misma JUSTICIA FEDERAL.
El derecho a la Verdad y a la Justicia ha sido sistemáticamente violado por el Estado argentino, y es precisamente cuando esa impunidad comienza a resquebrajarse que aparece esta anacrónica y distorsionada interpretación de la historia que, confundiendo violencia política con terrorismo de Estado, niega el fiscal Palacín la esencia misma de lo que el terrorismo de Estado es.
LA RAZÓN DE SER, JURÍDICA POLÍTICA E HISTÓRICA de que hoy se juzguen los crímenes de la DICTADURA MILITAR es precisamente que, en el marco del Terrorismo de Estado, aunque sea una obviedad conocida por todo el pueblo argentino salvo el anacrónico fiscal Palacín, NINGÚN ESTADO TERRORISTA SE JUZGA A SÍ MISMO, y el derecho de las víctimas y el derecho a la verdad y la justicia, en su dimensión colectiva, es decir el del conjunto de la sociedad, no reconoce obstáculos de tiempo ni lugar.
"Ante un nuevo intento de instalar la teoría de los dos demonios en el debate público, vemos necesario sentar nuestra posición; esta vez la excusa para reeditar esta lectura de la historia es el planteo de la familia Larrabure, la cual reclamó que se juzgue como crimen de lesa humanidad el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de la organización PRT-ERP.
Esta demanda, hace escasos días, fue debidamente rechazada por la justicia federal, considerando que no constituía un delito de lesa humanidad.
Es preciso aclarar que en el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo.
El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles.
En este marco nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado.
Más absurdo y paradójico resulta aún en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, en el que es de público conocimiento que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables.
Luego de tres décadas de impunidad, el pueblo argentino comienza a reconstruir su historia y a juzgar un proceso que a través del terror y la desaparición nos sumió en la degradación económica, social, cultural y política como Nación.
Sigamos avanzando juntos en la construcción colectiva de Verdad y Justicia sin permitir que la demanda desacertada, pero comprensible en un familiar, sea utilizada por los sectores que buscan perpetuar su impunidad y garantizar el privilegio económico que obtuvieron son la aplicación del Genocidio".
Comunicado de la Red Nacional de H.I.J.O.S:
Desde H.I.J.O.S., Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – Red Nacional Argentina, REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE, el dictamen del Fiscal de Cámara rosarino Claudio Marcelo Palacín*, quien en una clara reedición de las estrategias de la IMPUNIDAD pretende asimilar los hechos de violencia política previos al Golpe de Estado de 1976, con el Terrorismo de Estado al calificarlos como “crímenes de lesa humanidad”.
La estrategia de quienes generaron y sustentaron la impunidad en los años ochenta comenzó precisamente de este mismo modo, cuando a través de la Teoría de los Dos Demonios se terminó marchando hacia el Punto Final y la Obediencia Debida.
Detrás de una falsa argumentación de “derecho internacional de los Derechos Humanos” el Fiscal Palacín termina afirmando que en la Argentina de antes del Golpe de Estado existían “grupos armados beligerantes”, es decir, GUERRA INTERNA.
Este fundamento no es otra cosa que la “Doctrina de Seguridad Nacional” utilizada para JUSTIFICAR LA DICTADURA, y la doctrina de la seguridad continental, pergeñada por los Estados Unidos para el derrocamiento de TODOS LOS GOBIERNOS POPULARES DE AMÉRICA LATINA.
Asimismo, y en contra de lo que sostienen nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, el dictamen desconoce que los crímenes de lesa humanidad son cometidos desde el Estado o grupos dirigidos y amparados por el Estado terrorista en contra de la población civil como parte de un plan sistemático de exterminio y JAMÁS desde sectores de la población civil en contra de órganos del Estado. Estos hechos, de existir, constituyen delitos comunes que prescriben cuando no son perseguidos oportunamente por imperio de las normas del derecho penal, constitucional y supralegal.
Parece desconocer, o MALICIOSAMENTE OLVIDA, que en el caso de los crímenes cometidos en un marco de violencia política JAMÁS HA EXISTIDO OBSTÁCULO ALGUNO PARA EL JUZGAMIENTO, como sí en los cometidos desde los aparatos del Estado.
A más de 30 años de lucha por la Verdad y la Justicia, de las Madres, las Abuelas, los Familiares, los H.I.J.O.S., los sobrevivientes y los organismos de Derechos Humanos, lucha que se hizo carne en la sociedad argentina y forzó a las instituciones del Estado a reconocer el derecho al JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO es absolutamente INTOLERABLE que un FISCAL FEDERAL DESCONOZCA LO QUE FUE EL TERRORISMO DE ESTADO, ocultándolo bajo falacias jurídicas.
Esto, que en sí es alarmante, es también demostrativo de que no se han saneado las instituciones estatales. Ello recobra más gravedad cuando se observa que hay un importante número de funcionarios que están comprometidos, por acción u omisión, con el Terrorismo de Estado y continúan en funciones, incluso en la misma JUSTICIA FEDERAL.
El derecho a la Verdad y a la Justicia ha sido sistemáticamente violado por el Estado argentino, y es precisamente cuando esa impunidad comienza a resquebrajarse que aparece esta anacrónica y distorsionada interpretación de la historia que, confundiendo violencia política con terrorismo de Estado, niega el fiscal Palacín la esencia misma de lo que el terrorismo de Estado es.
LA RAZÓN DE SER, JURÍDICA POLÍTICA E HISTÓRICA de que hoy se juzguen los crímenes de la DICTADURA MILITAR es precisamente que, en el marco del Terrorismo de Estado, aunque sea una obviedad conocida por todo el pueblo argentino salvo el anacrónico fiscal Palacín, NINGÚN ESTADO TERRORISTA SE JUZGA A SÍ MISMO, y el derecho de las víctimas y el derecho a la verdad y la justicia, en su dimensión colectiva, es decir el del conjunto de la sociedad, no reconoce obstáculos de tiempo ni lugar.
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