La Procuración Federal informó que hay un total de 750 condenados por crímenes de lesa humanidad y casi 800 procesados. Más de la mitad, se encuentran en prisión domiciliaria.
De acuerdo a los datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, un total de 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 resultaron condenadas y 77 absueltas. En total hay 16 juicios en curso en todo el país.
La información se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende del MPF. Los sentenciados conforman un 30 por ciento del universo de 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad en más de una década en todo el país. Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat –en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos– contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado.
“Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.
Amarga espera
En tanto, 118 causas –con 280 acusados– aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, pero en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales –UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan– comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe de la Procuración.
En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad (1.149) son más que los que se encuentran detenidos (1.044) y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio (518). Sólo 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales, mientras que 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios. El informe indica que de ese universo la gran mayoría (53) están alojados en la denominada Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo, y que en seis casos se carece de datos.
El número de 750 condenados y 77 absueltos son el resultado de las 175 sentencias dictadas desde 2006.
Entretanto, de los 2.780 imputados por el Ministerio Público Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 se encuentran procesados (28%), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos. Además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal.
La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina “megacausas”. De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa de instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.
En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción (es decir, en etapa investigativa), la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio. "El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz", evaluó la Procuraduría en el informe.
De acuerdo a los datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, un total de 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 resultaron condenadas y 77 absueltas. En total hay 16 juicios en curso en todo el país.
La información se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende del MPF. Los sentenciados conforman un 30 por ciento del universo de 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad en más de una década en todo el país. Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat –en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos– contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado.
“Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.
Amarga espera
En tanto, 118 causas –con 280 acusados– aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, pero en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales –UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan– comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe de la Procuración.
En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad (1.149) son más que los que se encuentran detenidos (1.044) y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio (518). Sólo 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales, mientras que 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios. El informe indica que de ese universo la gran mayoría (53) están alojados en la denominada Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo, y que en seis casos se carece de datos.
El número de 750 condenados y 77 absueltos son el resultado de las 175 sentencias dictadas desde 2006.
Entretanto, de los 2.780 imputados por el Ministerio Público Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 se encuentran procesados (28%), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos. Además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal.
La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina “megacausas”. De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa de instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.
En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción (es decir, en etapa investigativa), la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio. "El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz", evaluó la Procuraduría en el informe.
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