La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó la realización de una nueva pericia para determinar si el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está en condiciones de afrontar un juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres. El tribunal ad-hoc ratificó las anomalías, tal como lo había hecho la jueza federal Myriam Galizzi, como que el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense, y ordenó que se eleve un informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La abogada querellante Marina Barbagelata dijo que la decisión fue “satisfactoria”, pero que hubiera preferido “que la pericia se realice en Paraná, por profesionales que no pertenezcan al Cuerpo Médico Forense, en virtud de las irregularidades que hubo y que demuestran la falta de seriedad con que se está manejando”.
El tribunal ad-hoc integrado por Gustavo Ibáñez, Roberto López Arango y Daniel Alonso confirmó la resolución de nulidad de la jueza de primera instancia respecto de la pericia que determinó que Trimarco no está en condiciones de ser sometido a un proceso judicial y dispuso que se realice un nuevo estudio, por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque con la intervención del perito de parte y el experto de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Armando González.
El estudio realizado el 23 de abril del año pasado consignó: “Al momento del examen, Juan Carlos Ricardo Trimarco se encuentra clínicamente compensado en su estado de salud física aparente”; del examen neurológico se desprende que presenta una patología “compatible con encefalopatía vascular y deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical), en correlación con los cambios vasculares cerebrales observados en RMN”, que en términos coloquiales, significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas tanto por su avanzada edad como por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro; por lo que se concluye que “los hallazgos imposibilitan al demandado para declarar”.
Sin embargo, el perito de parte no fue notificado y a pesar de ello su nombre fue incluido falsamente en el informe. Eso fue lo que argumentaron el fiscal general Ricardo Álvarez y las abogadas querellantes Marina Barbagelata –que representa a Sebastián Álvarez, el hijo de Raquel Negro y hermano de los chicos nacidos en cautiverio, una de las cuales recuperó su identidad a fines de 2008– y Ana Oberlin –en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo–.
El fiscal Álvarez planteó que la pericia es parcial porque los médicos no justificaron cómo llegaron a sus conclusiones. En ese sentido, aclaró que no cuestionaba la idoneidad de los profesionales, sino que la nulidad obedecía a la irregularidad que implica no haber convocado al perito de parte, pero incluir su nombre en el informe. Por ello, solicitó que se realice un nuevo estudio, con otro grupo de profesionales, y pidió la intervención del perito de la jurisdicción, Armando González.
“Necesitamos convencernos jurídicamente de que el señor Trimarco no le teme a los tribunales de la República”, acotó el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones.
Por su parte, Oberlin acotó que existen “fuertes sospechas sobre el Cuerpo Médico Forense” y que presentar a los responsables de delitos de lesa humanidad como inimputables “es una estrategia nacional de los defensores de represores para esquivar a los tribunales”. Barbagelata, en tanto, solicitó que la pericia se realice en Paraná y que Trimarco sea enviado a la capital entrerriana y detenido.
A su turno, el defensor de Trimarco, Eligio Abel González –que fue reprendido por el tribunal por leer su argumentación–, apuntó que la pericia no era nula sino que tenía “errores” que podían subsanarse sin necesidad de realizarla nuevamente. Además, se opuso a que el represor sea trasladado a Paraná y a la intervención de Armando González porque “se trata de un cardiólogo y aquí se requiere de otro especialista”, dijo. Sin embargo, este último planteo no fue aceptado.
Marina Barbagelatta, abogada querellante, relató a ElOnce TV que “quien ha convocado a esta audiencia es la defensa de Trimarco, que sostiene la pericia que se hizo sobre Trimarco y que dice que Trimarco es una persona que no puede ser sometida a un proceso, por lo tanto para ellos es válida. Nosotros sostenemos que esa pericia es nula y su nulidad fue declarada por la Jueza de Primera Instancia. Esa es la resolución que es apelada por la defensa”. Al tiempo que acotó: “sostenemos que esa pericia es un desastre, vergonzosa.”
“La defensa no cumplió con su deber procesal de sostener el recurso que interpuso y dar fundamentos de los motivos que lo llevó a apelar, no sabemos si es porque el proceso oral que requiere que los letrados expongamos sin recurrir a escritos, a lecturas; independientemente de eso, no dio cumplimiento formal a un obligación procesal”, detalló.
La abogada hizo la aclaración de que “esta apelación se da en el marco de la causa de la sustracción de los menores, hijos de Raquel Negro; no es la causa señor fiscal, en la que se le van a atribuir a Trimarco en su momento, todos los hechos que en esa causa se investigan”.
En la causa de sustracción de menores, recordó la letrada, “se han procesado nueve personas que se encuentran detenidas por otras causas en Rosario, y en Paraná, al doctor Zacarías. En ese grupo de personas imputadas de la sustracción de menores, se lo trata de traer a Trimarco a declarar como imputado y a ser enjuiciado, y respecto de esa capacidad para ser sometido a un proceso, es que se ha hecho esta pericia para saber si realmente tiene Alzheimer, porque esa es la razón que en su momento sirvió de excusa para que no se presentara”.
Caso que se compruebe “que tiene la capacidad procesal de ser sometido a juicio, entendemos que la jueza va a hacer es mandarlo a detener, e indagarlo, y luego se resolverá su situación procesal”.
Fuente. Análisis digital / Oncedigital
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