a 33 años del golpe de estado.
Los juzga un tribunal, los condenamos todos
El próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado. Este año, además, se espera con ansiedad la posibilidad de que se lleven adelante las audiencias orales en Rosario para juzgar a represores de la última dictadura militar por delitos de lesa humanidad. Consultamos al equipo jurídico de H.I.J.O.S. Rosario y te contamos cuáles son las causas, las dificultades y el balance de estos años de lucha por los juicios de la verdad. La lucha de los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes del terrorismo de estado llevado adelante por la Junta Militar a partir de 1976 es lograr, después de 33 años de impunidad, una condena penal, pero sobretodo, una necesaria y justa condena social a los represores y torturadores que operaron en los diferentes centros clandestinos de detención. A partir de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2003, muchas causas fueron reabiertas, algunos genocidas están procesados y detenidos, pero todavía, otros tantos siguen libres. En este recorrido, algunos hechos quedarán guardados en la memoria colectiva, como los juicios donde se condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz o en Córdoba a Benjamín Menéndez, como así también la desaparición de Jorge Julio López, testigo querellante en la causa Etchecolatz. Este año, en la ciudad de Rosario, tres causas son las que podrían llegar a una audiencia oral para juzgar a represores que actuaron en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, Servicio de informaciones de Rosario y la Fábrica Militar de Armas. Pero las expectativas se ven limitadas, y en muchos casos, por el accionar del Poder Judicial, que refleja la sensación de que todavía sigue siendo difícil quebrar el bloque de impunidad en Argentina. Las causas en Rosario “Existen tres causas que fueron elevadas a juicio oral y en las que H.I.J.O.S Rosario tiene intervención. Una de ellas es la causa ‘Guerrieri’ conocida como Quinta de Funes, que fue elevada a juicio oral hace aproximadamente un año y medio. En esta proceso, particularmente, ha habido muchas demoras por lo cual todavía no hay fecha para el inicio del debate oral”, detalla Lucas Ciarniello, uno de los integrantes, junto a Ana Oberlín y Nadia Shujman, del equipo de abogados de la agrupación H.I.J.O.S Rosario, al ser consultado por enREDando. ¿Esto qué significa? “Se clausura la primera etapa del juicio, la etapa de instrucción, el juez de primera instancia determina, teniendo en cuenta la prueba colectada, que ya está concluida la etapa de investigación, corre traslado a las partes acusadoras para que éstas presenten los requerimientos de elevación a juicio, es decir, formulen las acusaciones, que luego son vistas por las defensas quienes tienen oportunidad de formular ‘excepciones’ y pasa a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Esto que cuento rápidamente, lleva mucho tiempo, más aún teniendo en cuenta la estrategia dilatoria que llevan adelante los abogados de los genocidas, es decir presentar nulidades y recursos por doquier, repitiendo argumentos infundados infinitamente. Parte de la totalidad de la causa ya transitó por esa etapa y está radicada en el Tribunal Oral Nº 1. Pero existen muchas demoras y esto se da principalmente por la constitución del tribunal”, explica claramente Ciarniello..
Una de las tres juezas que integra dicho tribunal es la Dra. Laura Inés Cosidoy. “La misma se excusó en su participación en el debate esgrimiendo que ella fue defensora oficial en la época de la dictadura. El planteo de la excusación de la Dra. Cosidoy demoró mucho el proceso, pasó por distintas instancias y llegó a la Corte Suprema. Recientemente la Corte rechazó la excusación de la Dra. Cosidoy, y ésta realizó unas manifestaciones públicas por las cuales seguramente, en los próximos días, pueda ser recusada por las partes intervinientes, por lo cual, seguramente, se la va a apartar para intervenir en la causa Guerrieri. Y por supuesto más allá de ello, teniendo en cuenta lo dicho por la jueza, consideramos de suma gravedad institucional los comentarios vertidos.”
En este sentido, la evaluación que hacen desde la agrupación es de incertidumbre con respecto al comienzo del juicio. “Nosotros evaluábamos que este año podía comenzar el juicio, pero hay demoras con la constitución del tribunal y tampoco se sabe cual será el lugar que se va a utilizar para realizar el debate, lo cual no es un dato menor. Todo juicio oral, sabemos que tiene que ser oral y público, y asegurar esto, tiene que ver también con asegurar la inmediatez con la gente. En los tribunales federales de calle Oroño no hay un lugar adecuado para esto. Entonces, se está buscando un lugar de la ciudad de Rosario para que se lleve a cabo el juicio y esto es responsabilidad insoslayable de la justica.”
En esta causa se encuentran procesados y con prisión preventiva los represores Juan Amelong, Pascual Guerrieri, Eduardo Constanzo, Rubén Fariña y Walter Pagano. La agrupación H.I.J.O.S. representa a los querellantes particulares Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Álvarez y María Cecilia Nazabal.
Otra de las causas que, probablemente, sea unificada con la causa Quinta de Funes en oportunidad del debate oral, es la llamada causa Jordana Testoni, también elevada a juicio oral, donde se juzga a represores que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. “Los imputados en la causa Guerrieri son los mismos que en la causa Jordana Testoni, es decir actuó el mismo grupo operativo, por lo cual como criterio de unificación podría funcionar justamente éste. Entonces, es muy probable, que en el debate oral se unifiquen estas causas”, detalla Ciarniello.
La megacausa Feced, reabierta en el año 2004 por el juez Omar Digerónimo, es la tercera causa que fue elevada a juicio oral, en octubre del año pasado y se encuentra radicada en el Tribunal Oral Nº 2. “Es importante tener en cuenta que en esta causa, al igual que en las otras dos, no se está llegando a juicio oral por la totalidad de los casos”, aclara Ciarniello. El equipo jurídico de H.I.J.O.S. representa sólo algunos de los querellantes particulares de esta causa, en la cual son más de 80 los casos de tortura, secuestro y homicidio que se investigan, y por los que se encuentran imputados, entre otros, el general retirado Genaro Díaz Bessone, los policías Rubén Lofiego, Mario Marcote, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara, respecto de los cuales ya se elevó a juicio la causa. Además, existen otros dos procesados que son los civiles Nilda Folch y Ricardo Chomiky, acusados por otra de las querellas que intervienen.
“Tanto en la causa Quinta de Funes como en Jordana Testoni y en Feced, las partes querellantes son más de una. Nosotros representamos a algunas de las víctimas y familiares de víctimas, pero también hay otra querellas, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Liga Argentina por los Derechos Humanos”, aclara el abogado de H.I.J.O.S.
En este sentido, Ciarniello destaca en qué instancia se encuentra la causa Feced. “Recientemente nos corrieron traslado para que ofrezcamos toda la prueba que durante tantos años fue colectada durante la instrucción. Estas pruebas las ofrecemos al tribunal oral para que después sean ventiladas y debatidas en el juicio. Tenemos un plazo de 10 días hábiles para hacerlo tal como lo fija el Código Procesal Penal de la Nación. Y luego de esto ya estaría listo el tribunal para fijar fecha de inicio de la audiencia de debate.”
San Nicolás
En la ciudad de San Nicolás existen otras causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad. Una de ellas es la llamada causa Novoa que también fue elevada a juicio oral y se espera que la audiencia pública se realice en la ciudad de Rosario. Más conocida como Masacre de Juan B. Justo, en la misma se investiga un supuesto enfrentamiento armado “que en verdad fue una masacre donde murieron cinco personas a raíz de la irrupción de más de cincuenta miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, durante la madrugada, en una casa en calle Juan B. Justo de San Nicolás. Ahí se encontraban un matrimonio con sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años y también murió la mamá de Manuel Gonçalves Granada, quien sobrevivió porque su madre le salvó la vida prácticamente, y a quien luego se le sustituyó su identidad. Esta es una causa que se tramita por separado y que todavía se está investigando, se encuentra en la etapa de instrucción. Hoy Manuel ya recuperó su identidad. Los juicios orales de estas causas se van a dar en Rosario porque es jurisdicción del tribunal oral federal de Rosario”.
Los pasos del poder judicial
La posibilidad real de que comiencen las audiencias orales queda diluida, muchas veces, por los lentos procesos judiciales que dificultan el avance en los juicios. “Nosotros no sabemos si primero puede llevarse a cabo el juicio oral por la Masacre de Juan B Justo antes que la causa Quinta de Funes o Feced, aunque haya sido elevada con posterioridad. Esto se debe a qué esta causa transitó en San Nicolás y los jueces de primera instancia no son los mismos jueces que hoy integran los tribunales orales de Rosario, por tanto, el problema de la constitución de los tribunales se da sólo con causas que transitaron en Rosario. Es decir, muchos de los jueces que hoy por hoy ya no ocupan lugares como jueces de instrucción, ocupan lugares como camaristas dentro de lo que es el Tribunal Oral, entonces deben excusarse porque ya intervinieron en determinada parte de la etapa instructora. Justamente, una razón de excusación es haber intervenido en la instrucción de la causa. Un juez que va a juzgar en el debate oral nunca puede haber prejuzgado e intervenido en los mismos hechos que se juzgan en el debate. Por esto mismo, la constitución del Tribunal genera demoras hoy por hoy en las causas, tanto en Feced como en Quinta de Funes.”
A nivel nacional, y a raíz de las últimas declaraciones de ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional por la celeridad en los juicios orales, Ciarniello afirma que desde H.I.J.O.S no abonan a la idea de un conflicto de poderes, sino todo lo contrario. “Creemos que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que coordinar fuerzas para que se avancen en las causas. Vemos como positivo que a raíz del resultado de este conflicto se haya creado una Comisión en la cual están representados los tres poderes del Estado y esperamos que desde allí se pronuncien medidas concretas. Como organización exhortamos a la Corte Suprema a que haga uso de su facultad de superintendencia sobre los tribunales inferiores para que haya resultados visibles con respecto a la aceleración de las causas. Y no desconocemos que ya se han hecho reformas legislativas y que desde el ejecutivo ya se han creado organismos que atienden particularmente esta problemática, y por ello coincidimos con la idea de que hoy por hoy ‘es la hora de la justicia´.”
Una de las medidas que reclama la organización es, claramente, actuar sobre las excusaciones de los jueces, quienes muchas veces, “utilizan argumentos que no tienen asidero” y esto dificulta el avance. También se solicita que la Corte se pronuncie con directrices “qué determinen a los jueces rechazar in-límine muchos de los recursos presentados por la defensa, porque sabemos que la estrategia de los abogados que representan a los represores ha sido siempre la dilación, presentar recursos de nulidad, recursos de apelación a mansalva, llegar hasta Casación, hasta la Corte, sabiendo la demora que eso genera y planteando siempre los mismos argumentos y cuestiones que ya fueron debatidas y que ya fueron resueltas por tribunales superiores. Sin embargo tenemos que volver a contestar planteos porque son sustanciados, en muchos casos, por los jueces de primera instancia y por las Cámara de Apelaciones.”
La dilación de estas causas impide, por un lado el acceso a la justicia por parte de las víctimas, por otro, favorece impunemente la posibilidad de dejar en libertad a los represores procesados. “Los imputados que están en prisión preventiva pueden salir en libertad, como pasó con distintas resoluciones de la Cámara de Casación, que fijó un criterio en el cual ya pautas objetivas como ser delitos complejos o probables altas condenas no son criterios para mantener a una persona en prisión preventiva. Si las causas se siguen dilatando las prisiones preventivas que ya están vencidas, no se van a poder sostener jurídicamente con argumentos”, explica Ciarniello. “Además nos parece un juego perverso que sean los mismos jueces de la Cámara de Casación, que durante años retrasaron estas causas no resolviendo a tiempo los recursos, quienes hoy vengan a alegar el paso del tiempo como motivo para dejar libres a estos genocidas.”
Para H.I.J.O.S Rosario esto no puede pasar. “Si estamos corriendo riesgo que las prisiones preventivas se venzan, eso no puede endilgarse en las espaldas de las víctimas. Durante muchísimos años las instituciones del Estado no funcionaron y se les negó el acceso a la justicia a las víctimas del terrorismo de Estado. Este es el principal argumento para mantener las prisiones preventivas hasta que lleguemos a los juicios orales y las condenas”.
En las causas Feced y Quinta de Funes en abril de este año vencen las prórrogas que los tribunales federales Nº 1 y 2 dictaron sobre la prisión preventiva de los militares y civiles actualmente procesados.
Protección de testigos
En Santa Fe existe un programa de protección a testigos, querellantes y personas vinculadas a los juicios a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La misma brinda un área de acompañamiento psicológico y un área de seguridad. La adhesión al programa es totalmente voluntaria. “Se creó un grupo de policías que dependen directamente del Ministro de Seguridad. Ese listado fue depurado, controlado y circuló por distintos organismos de derechos humanos para que opinemos o vetemos sobre los distintos nombres. Ese procedimiento se realizó el año pasado para conformar el grupo de seguridad que estaría al llamado de los testigos.”
Sin embargo, la mayor garantía de seguridad para los testigos es lograr las condenas efectivas, remarcan desde la organización. El caso ejemplar es lo que sucedió con Luis Patti. “Cuando el año pasado la Corte Suprema dictamina que el Congreso Nacional no tiene facultades para expulsar a un torturador de su cámara, muchos testigos tuvieron mucho miedo. La forma más efectiva de proteger a los testigos es condenar a los represores”, afirma Ciarniello.
Un debate colectivo
“El año pasado hubo más de 30 condenas, más allá de la lentitud con que vienen dándose los juicios. Este proceso de juicio y castigo que se viene realizando, es un proceso logrado gracias a que miles de personas, no solo de los organismos de derechos humanos, salieron a la calle en reclamo de basta de impunidad, por eso uno de nuestros emblemas es que la impunidad genera más impunidad. Y por esta lucha, se está logrando este proceso.”
Al mismo tiempo, la organización sostiene firmemente que “las condenas no deben quedar encerradas en un recinto de los tribunales o acotadas sólo a la condena penal. Estos juicios deben aportar a un debate colectivo sobre lo que sucedió en el país en un contexto histórico, político, económico, no solo en Argentina sino a nivel latinoamericano.”
Por eso, sostiene Lucas, “los juicios son de todos, se tiene que hacer cargo toda la sociedad como parte de reconstruir una historia. Hoy el trabajo de H.I.J.O.S tiene esta tarea: llevar adelante causas penales sin olvidar justamente que el trabajo tiene que ser llevado no como causa penal común, sino con penas en la cual tiene que ver toda la memoria colectiva de una sociedad. Por eso decimos, los juzga un tribunal, lo condenamos todos, porque somos hijos de una misma historia y estos juicios son la oportunidad de construir un debate colectivo de lo que nos pasó y leer cuáles son las consecuencias de hoy con respecto a la dictadura de ayer.”
Enredando: http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=47111 .
Los juzga un tribunal, los condenamos todos
El próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado. Este año, además, se espera con ansiedad la posibilidad de que se lleven adelante las audiencias orales en Rosario para juzgar a represores de la última dictadura militar por delitos de lesa humanidad. Consultamos al equipo jurídico de H.I.J.O.S. Rosario y te contamos cuáles son las causas, las dificultades y el balance de estos años de lucha por los juicios de la verdad. La lucha de los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes del terrorismo de estado llevado adelante por la Junta Militar a partir de 1976 es lograr, después de 33 años de impunidad, una condena penal, pero sobretodo, una necesaria y justa condena social a los represores y torturadores que operaron en los diferentes centros clandestinos de detención. A partir de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2003, muchas causas fueron reabiertas, algunos genocidas están procesados y detenidos, pero todavía, otros tantos siguen libres. En este recorrido, algunos hechos quedarán guardados en la memoria colectiva, como los juicios donde se condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz o en Córdoba a Benjamín Menéndez, como así también la desaparición de Jorge Julio López, testigo querellante en la causa Etchecolatz. Este año, en la ciudad de Rosario, tres causas son las que podrían llegar a una audiencia oral para juzgar a represores que actuaron en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, Servicio de informaciones de Rosario y la Fábrica Militar de Armas. Pero las expectativas se ven limitadas, y en muchos casos, por el accionar del Poder Judicial, que refleja la sensación de que todavía sigue siendo difícil quebrar el bloque de impunidad en Argentina. Las causas en Rosario “Existen tres causas que fueron elevadas a juicio oral y en las que H.I.J.O.S Rosario tiene intervención. Una de ellas es la causa ‘Guerrieri’ conocida como Quinta de Funes, que fue elevada a juicio oral hace aproximadamente un año y medio. En esta proceso, particularmente, ha habido muchas demoras por lo cual todavía no hay fecha para el inicio del debate oral”, detalla Lucas Ciarniello, uno de los integrantes, junto a Ana Oberlín y Nadia Shujman, del equipo de abogados de la agrupación H.I.J.O.S Rosario, al ser consultado por enREDando. ¿Esto qué significa? “Se clausura la primera etapa del juicio, la etapa de instrucción, el juez de primera instancia determina, teniendo en cuenta la prueba colectada, que ya está concluida la etapa de investigación, corre traslado a las partes acusadoras para que éstas presenten los requerimientos de elevación a juicio, es decir, formulen las acusaciones, que luego son vistas por las defensas quienes tienen oportunidad de formular ‘excepciones’ y pasa a la siguiente etapa, que es el juicio oral. Esto que cuento rápidamente, lleva mucho tiempo, más aún teniendo en cuenta la estrategia dilatoria que llevan adelante los abogados de los genocidas, es decir presentar nulidades y recursos por doquier, repitiendo argumentos infundados infinitamente. Parte de la totalidad de la causa ya transitó por esa etapa y está radicada en el Tribunal Oral Nº 1. Pero existen muchas demoras y esto se da principalmente por la constitución del tribunal”, explica claramente Ciarniello..
Una de las tres juezas que integra dicho tribunal es la Dra. Laura Inés Cosidoy. “La misma se excusó en su participación en el debate esgrimiendo que ella fue defensora oficial en la época de la dictadura. El planteo de la excusación de la Dra. Cosidoy demoró mucho el proceso, pasó por distintas instancias y llegó a la Corte Suprema. Recientemente la Corte rechazó la excusación de la Dra. Cosidoy, y ésta realizó unas manifestaciones públicas por las cuales seguramente, en los próximos días, pueda ser recusada por las partes intervinientes, por lo cual, seguramente, se la va a apartar para intervenir en la causa Guerrieri. Y por supuesto más allá de ello, teniendo en cuenta lo dicho por la jueza, consideramos de suma gravedad institucional los comentarios vertidos.”
En este sentido, la evaluación que hacen desde la agrupación es de incertidumbre con respecto al comienzo del juicio. “Nosotros evaluábamos que este año podía comenzar el juicio, pero hay demoras con la constitución del tribunal y tampoco se sabe cual será el lugar que se va a utilizar para realizar el debate, lo cual no es un dato menor. Todo juicio oral, sabemos que tiene que ser oral y público, y asegurar esto, tiene que ver también con asegurar la inmediatez con la gente. En los tribunales federales de calle Oroño no hay un lugar adecuado para esto. Entonces, se está buscando un lugar de la ciudad de Rosario para que se lleve a cabo el juicio y esto es responsabilidad insoslayable de la justica.”
En esta causa se encuentran procesados y con prisión preventiva los represores Juan Amelong, Pascual Guerrieri, Eduardo Constanzo, Rubén Fariña y Walter Pagano. La agrupación H.I.J.O.S. representa a los querellantes particulares Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Álvarez y María Cecilia Nazabal.
Otra de las causas que, probablemente, sea unificada con la causa Quinta de Funes en oportunidad del debate oral, es la llamada causa Jordana Testoni, también elevada a juicio oral, donde se juzga a represores que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. “Los imputados en la causa Guerrieri son los mismos que en la causa Jordana Testoni, es decir actuó el mismo grupo operativo, por lo cual como criterio de unificación podría funcionar justamente éste. Entonces, es muy probable, que en el debate oral se unifiquen estas causas”, detalla Ciarniello.
La megacausa Feced, reabierta en el año 2004 por el juez Omar Digerónimo, es la tercera causa que fue elevada a juicio oral, en octubre del año pasado y se encuentra radicada en el Tribunal Oral Nº 2. “Es importante tener en cuenta que en esta causa, al igual que en las otras dos, no se está llegando a juicio oral por la totalidad de los casos”, aclara Ciarniello. El equipo jurídico de H.I.J.O.S. representa sólo algunos de los querellantes particulares de esta causa, en la cual son más de 80 los casos de tortura, secuestro y homicidio que se investigan, y por los que se encuentran imputados, entre otros, el general retirado Genaro Díaz Bessone, los policías Rubén Lofiego, Mario Marcote, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara, respecto de los cuales ya se elevó a juicio la causa. Además, existen otros dos procesados que son los civiles Nilda Folch y Ricardo Chomiky, acusados por otra de las querellas que intervienen.
“Tanto en la causa Quinta de Funes como en Jordana Testoni y en Feced, las partes querellantes son más de una. Nosotros representamos a algunas de las víctimas y familiares de víctimas, pero también hay otra querellas, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Liga Argentina por los Derechos Humanos”, aclara el abogado de H.I.J.O.S.
En este sentido, Ciarniello destaca en qué instancia se encuentra la causa Feced. “Recientemente nos corrieron traslado para que ofrezcamos toda la prueba que durante tantos años fue colectada durante la instrucción. Estas pruebas las ofrecemos al tribunal oral para que después sean ventiladas y debatidas en el juicio. Tenemos un plazo de 10 días hábiles para hacerlo tal como lo fija el Código Procesal Penal de la Nación. Y luego de esto ya estaría listo el tribunal para fijar fecha de inicio de la audiencia de debate.”
San Nicolás
En la ciudad de San Nicolás existen otras causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad. Una de ellas es la llamada causa Novoa que también fue elevada a juicio oral y se espera que la audiencia pública se realice en la ciudad de Rosario. Más conocida como Masacre de Juan B. Justo, en la misma se investiga un supuesto enfrentamiento armado “que en verdad fue una masacre donde murieron cinco personas a raíz de la irrupción de más de cincuenta miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, durante la madrugada, en una casa en calle Juan B. Justo de San Nicolás. Ahí se encontraban un matrimonio con sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años y también murió la mamá de Manuel Gonçalves Granada, quien sobrevivió porque su madre le salvó la vida prácticamente, y a quien luego se le sustituyó su identidad. Esta es una causa que se tramita por separado y que todavía se está investigando, se encuentra en la etapa de instrucción. Hoy Manuel ya recuperó su identidad. Los juicios orales de estas causas se van a dar en Rosario porque es jurisdicción del tribunal oral federal de Rosario”.
Los pasos del poder judicial
La posibilidad real de que comiencen las audiencias orales queda diluida, muchas veces, por los lentos procesos judiciales que dificultan el avance en los juicios. “Nosotros no sabemos si primero puede llevarse a cabo el juicio oral por la Masacre de Juan B Justo antes que la causa Quinta de Funes o Feced, aunque haya sido elevada con posterioridad. Esto se debe a qué esta causa transitó en San Nicolás y los jueces de primera instancia no son los mismos jueces que hoy integran los tribunales orales de Rosario, por tanto, el problema de la constitución de los tribunales se da sólo con causas que transitaron en Rosario. Es decir, muchos de los jueces que hoy por hoy ya no ocupan lugares como jueces de instrucción, ocupan lugares como camaristas dentro de lo que es el Tribunal Oral, entonces deben excusarse porque ya intervinieron en determinada parte de la etapa instructora. Justamente, una razón de excusación es haber intervenido en la instrucción de la causa. Un juez que va a juzgar en el debate oral nunca puede haber prejuzgado e intervenido en los mismos hechos que se juzgan en el debate. Por esto mismo, la constitución del Tribunal genera demoras hoy por hoy en las causas, tanto en Feced como en Quinta de Funes.”
A nivel nacional, y a raíz de las últimas declaraciones de ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional por la celeridad en los juicios orales, Ciarniello afirma que desde H.I.J.O.S no abonan a la idea de un conflicto de poderes, sino todo lo contrario. “Creemos que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que coordinar fuerzas para que se avancen en las causas. Vemos como positivo que a raíz del resultado de este conflicto se haya creado una Comisión en la cual están representados los tres poderes del Estado y esperamos que desde allí se pronuncien medidas concretas. Como organización exhortamos a la Corte Suprema a que haga uso de su facultad de superintendencia sobre los tribunales inferiores para que haya resultados visibles con respecto a la aceleración de las causas. Y no desconocemos que ya se han hecho reformas legislativas y que desde el ejecutivo ya se han creado organismos que atienden particularmente esta problemática, y por ello coincidimos con la idea de que hoy por hoy ‘es la hora de la justicia´.”
Una de las medidas que reclama la organización es, claramente, actuar sobre las excusaciones de los jueces, quienes muchas veces, “utilizan argumentos que no tienen asidero” y esto dificulta el avance. También se solicita que la Corte se pronuncie con directrices “qué determinen a los jueces rechazar in-límine muchos de los recursos presentados por la defensa, porque sabemos que la estrategia de los abogados que representan a los represores ha sido siempre la dilación, presentar recursos de nulidad, recursos de apelación a mansalva, llegar hasta Casación, hasta la Corte, sabiendo la demora que eso genera y planteando siempre los mismos argumentos y cuestiones que ya fueron debatidas y que ya fueron resueltas por tribunales superiores. Sin embargo tenemos que volver a contestar planteos porque son sustanciados, en muchos casos, por los jueces de primera instancia y por las Cámara de Apelaciones.”
La dilación de estas causas impide, por un lado el acceso a la justicia por parte de las víctimas, por otro, favorece impunemente la posibilidad de dejar en libertad a los represores procesados. “Los imputados que están en prisión preventiva pueden salir en libertad, como pasó con distintas resoluciones de la Cámara de Casación, que fijó un criterio en el cual ya pautas objetivas como ser delitos complejos o probables altas condenas no son criterios para mantener a una persona en prisión preventiva. Si las causas se siguen dilatando las prisiones preventivas que ya están vencidas, no se van a poder sostener jurídicamente con argumentos”, explica Ciarniello. “Además nos parece un juego perverso que sean los mismos jueces de la Cámara de Casación, que durante años retrasaron estas causas no resolviendo a tiempo los recursos, quienes hoy vengan a alegar el paso del tiempo como motivo para dejar libres a estos genocidas.”
Para H.I.J.O.S Rosario esto no puede pasar. “Si estamos corriendo riesgo que las prisiones preventivas se venzan, eso no puede endilgarse en las espaldas de las víctimas. Durante muchísimos años las instituciones del Estado no funcionaron y se les negó el acceso a la justicia a las víctimas del terrorismo de Estado. Este es el principal argumento para mantener las prisiones preventivas hasta que lleguemos a los juicios orales y las condenas”.
En las causas Feced y Quinta de Funes en abril de este año vencen las prórrogas que los tribunales federales Nº 1 y 2 dictaron sobre la prisión preventiva de los militares y civiles actualmente procesados.
Protección de testigos
En Santa Fe existe un programa de protección a testigos, querellantes y personas vinculadas a los juicios a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La misma brinda un área de acompañamiento psicológico y un área de seguridad. La adhesión al programa es totalmente voluntaria. “Se creó un grupo de policías que dependen directamente del Ministro de Seguridad. Ese listado fue depurado, controlado y circuló por distintos organismos de derechos humanos para que opinemos o vetemos sobre los distintos nombres. Ese procedimiento se realizó el año pasado para conformar el grupo de seguridad que estaría al llamado de los testigos.”
Sin embargo, la mayor garantía de seguridad para los testigos es lograr las condenas efectivas, remarcan desde la organización. El caso ejemplar es lo que sucedió con Luis Patti. “Cuando el año pasado la Corte Suprema dictamina que el Congreso Nacional no tiene facultades para expulsar a un torturador de su cámara, muchos testigos tuvieron mucho miedo. La forma más efectiva de proteger a los testigos es condenar a los represores”, afirma Ciarniello.
Un debate colectivo
“El año pasado hubo más de 30 condenas, más allá de la lentitud con que vienen dándose los juicios. Este proceso de juicio y castigo que se viene realizando, es un proceso logrado gracias a que miles de personas, no solo de los organismos de derechos humanos, salieron a la calle en reclamo de basta de impunidad, por eso uno de nuestros emblemas es que la impunidad genera más impunidad. Y por esta lucha, se está logrando este proceso.”
Al mismo tiempo, la organización sostiene firmemente que “las condenas no deben quedar encerradas en un recinto de los tribunales o acotadas sólo a la condena penal. Estos juicios deben aportar a un debate colectivo sobre lo que sucedió en el país en un contexto histórico, político, económico, no solo en Argentina sino a nivel latinoamericano.”
Por eso, sostiene Lucas, “los juicios son de todos, se tiene que hacer cargo toda la sociedad como parte de reconstruir una historia. Hoy el trabajo de H.I.J.O.S tiene esta tarea: llevar adelante causas penales sin olvidar justamente que el trabajo tiene que ser llevado no como causa penal común, sino con penas en la cual tiene que ver toda la memoria colectiva de una sociedad. Por eso decimos, los juzga un tribunal, lo condenamos todos, porque somos hijos de una misma historia y estos juicios son la oportunidad de construir un debate colectivo de lo que nos pasó y leer cuáles son las consecuencias de hoy con respecto a la dictadura de ayer.”
Enredando: http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=47111 .
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